En tal sentido se manifestaron Carlos Rivera, quien pidió la medida cautelar como abogado de las familias de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue condenado Fujimori, y Aníbal Quiroga, constitucionalista considerado conservador.
Ambos señalaron que Perú reconoce la competencia supranacional de la CIDH, por lo que debe acatar el comunicado de esta, que requirió la medida para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Notificó en tal sentido que “se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional (TC) pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, según el texto.
Rivera dijo que sin duda alguna Perú está obligado a cumplir las decisiones y sentencias de la corte externa, pues son de obligatorio cumplimiento.
Quiroga agregó que lo requerido por la CIDH no es un pedido sino una orden que debe acatarse.
Según Rivera, desde que se hizo público el fallo, que el 17 de marzo restableció el indulto decretado en diciembre de 2017 y anulado por ilegal por la Corte Suprema, quedó convencido de que la decisión del TC es ilegal “y no tenía sustento jurídico ni constitucional, ni ceñido al derecho internacional”.
Añadió que el texto de la sentencia, publicado el lunes último, confirmó que el fallo no tenía ninguna argumentación válida ni posibilidad de éxito, sobre todo porque se opone a la CIDH y sus resoluciones, especialmente de la 2018 que cuestionó el indulto.
“Solo estaba causando un ridículo internacional y un tremendo estropicio”, agregó Rivera.
La resurrección del indulto partió en dos al TC, pues hubo tres votos a favor y tres en contra, ante lo cual el conservador presidente del tribunal, Augusto Ferrero, impuso su voto dirimente y decidió la aprobación de un habeas corpus a favor de Fujimori.
El TC adecuó el recurso de tal manera de darle la libertad invocando la salud del preso de 83 años, sin peritaje alguno sobre el estado de Fujimori, cuya libertad estaba pendiente de la publicación de la sentencia y era hoy inminente.
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