De acuerdo con los fiscales del caso, los nueve individuos utilizaron sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas para bloquear las puertas del centro médico en la capital, Washington D.C., en octubre de ese año.
La acusación tuvo lugar seis meses después de que el Departamento de Justicia señalara que usaría la ley FACE (por sus siglas en inglés) de 1994 para procesar tales casos en todo el país.
La norma prohíbe bloquear o impedir el acceso de una persona a los servicios de salud reproductiva, así como dañar la propiedad de las clínicas que se especializan en esos procedimientos.
Los acusados son Lauren Handy, de 28 años; Jonathan Darnel, 40; Jay Smith, 32; John Hinshaw, 67; William Goodman, 52; Joan Bell, 73; Paulette Harlow, 73; Jean Marshall, 72 y Heather Idoni, 61.
De acuerdo con la publicación The San Diego Union Tribune, las nueve personas viajaron desde varias partes del país hacia la capital solo para cometer ese acto delictivo.
De ser declarados culpables, se enfrentarían a un máximo de 11 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de 350 mil dólares, según la fiscalía.
«No toleraremos la violencia contra quienes traten de obtener o prestar servicios de salud reproductiva, la obstrucción física o los daños a la propiedad en violación de la Ley FACE», dijo el fiscal general Merrick B. Garland.
La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Mary Ziegler, aseguró que la Ley FACE cayó en desuso durante la administración de Donald Trump (2017-2021), una decisión ampliamente criticada por los defensores de los derechos de las mujeres.
La acusación se anunció mientras el Tribunal Supremo sopesa anular el caso Roe vs. Wade, la decisión de 1973 que estableció el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.
También ocurrió mientras muchos estados liderados por miembros del Partido Republicano han promulgado leyes que buscan hacer que el aborto sea ilegal en tantas circunstancias como sea posible.
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