“Ese gobierno ha sobrepuesto un decreto supremo a una ley, lo cual desordena la vida jurídica en un sistema democrático, por lo tanto, lo que ocasiona esto es agravar terriblemente la situación (…) judicial por la que está atravesando la señora Áñez“, afirmó el experto constitucionalista en entrevista al canal Bolivia TV.
La decisión del TCP anuló los ascensos de los generales Sergio Orellana, Pablo Guerra, Ciro Álvarez y Moisés Mejía.
Con el respaldo de la exmandataria encumbrada tras el derrocamiento del entonces jefe de Estado Evo Morales en noviembre de 2019, en la mañana del 21 de mayo de 2020 los militares en uniforme de combate irrumpieron en el Senado y exigieron la aprobación inmediata de sus ascensiones.
Entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el hoy prófugo Sergio Orellana entregó una misiva a la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) con la advertencia de que esperarían una semana para que ratificara los ascensos, y en caso de respuesta negativa “procederemos con nuestra reglamentación”.
Días después el gobierno inconstitucional promovió a la cúpula castrense con la rúbrica de los decretos supremos 4291 y 4306, decisión calificada entonces por la expresidenta del senado Eva Copa de “acción hostil al sistema democrático y propia de una dictadura”.
Ahora las dos disposiciones quedaron anuladas y los ascensos sin efecto a tenor del artículo 160, inciso 8, de la Constitución Política del Estado.
La carta magna establece que la Cámara de Senadores «es la única instancia competente para decidir observar o ratificar los ascensos propuestos por el referido Tribunal de las Fuerzas Armadas a través de una resolución expresa, la misma que recién habilita la imposición de grados».
Áñez permanece en prisión preventiva a la espera de varias causas penales.
En la denominada Golpe de Estado I, enfrenta junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como a jefes policiales y militares delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Tal expediente incluye los actos de violencia cometidos tras la firma el l4 de noviembre de 2019 del Decreto Supremo 4078 que exoneraba de responsabilidad penal a las fuerzas represivas contra las protestas populares, con saldo de 38 muertos y cientos de heridos.
A la causa Golpe de Estado II Áñez y altos mandos castrenses concurren acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionadas con la sucesión constitucional para asumir ella la titularidad del Senado y, posteriormente, la del Estado Plurinacional.
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