En rueda de prensa ofrecida esta semana desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ofrecieron detalles sobre los puntos acordados durante la segunda visita del alto funcionario al país.
Como punto destacable, el Gobierno bolivariano y la Fiscalía de la CPI convinieron proceder a la apertura de una oficina de ese organismo internacional en Venezuela, para profundizar el diálogo efectivo y las acciones de asistencia técnica, a tono con el espíritu del memorando de entendimiento firmado el 3 de noviembre de 2021.
Sobre la decisión de establecer un despacho en territorio venezolano, el fiscal Khan la calificó como un paso importante y significativo que permitirá el cumplimiento de las responsabilidades del ente, de conformidad con el Estatuto de Roma.
Los miembros de su equipo contarán además con un visado de múltiple entrada para poder acceder de forma sencilla y expedita a Venezuela, además de acordarse una serie de reuniones de trabajo entre las autoridades nacionales e integrantes de ese órgano de justicia.
En tal sentido, Maduro destacó el desarrollo de un diálogo interactivo entre las partes, dirigido a mejorar los procesos de cooperación y complementariedad de la Fiscalía de la CPI con el Estado venezolano.
“Somos los primeros interesados en la prevalencia plena de los derechos humanos, en el goce de los derechos humanos, sociales y políticos por parte de nuestro pueblo”, enfatizó el mandatario al celebrar la consolidación de los nexos de cooperación con el ente judicial.
Maduro aseveró que Venezuela avanza en la reforma y perfeccionamiento de su sistema de justicia para asegurar las máximas garantías procesales, como resultado de un profundo proceso de diálogo político y social en el país.
El 3 de noviembre de 2021, el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suscribieron un memorando de entendimiento, basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La rúbrica del documento siguió a la decisión del fiscal Khan de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las violentas manifestaciones opositoras de 2017, y proceder a abrir una pesquisa formal para establecer la verdad.
Según lo acordado, y a pesar de diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron su compromiso de colaborar activamente entre sí y establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la CPI en el territorio venezolano.
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