Mario Hubert Garrido
Corresponsal de Prensa Latina en Panamá
Este infundado optimismo tomaba como referencia los indicadores de 2020 y 2021, cuando a través de la peligrosa jungla- solo en ese último año- transitaron casi 134 mil personas, de diversas nacionalidades, tres de ellas (ciudadanos de Egipto, México y Nigeria) con alertas de Interpol por sus nexos con el terrorismo internacional.
Según la jefa de la diplomacia, de ocho mil migrantes en 2020 ascendió a 134 mil el año pasado. Solo en agosto de 2021 se calcula el paso por el país de dos mil 400 personas como promedio diario, dijo, pero en enero de 2022 la cifra se redujo a 140.
En ese sentido, admitió que su Gobierno seguiría de cerca el comportamiento de la migración irregular de conjunto con varios organismos y la corresponsabilidad de otros países de tránsito- como Costa Rica y Colombia- y de destino, sobre todo México, Estados Unidos y Canadá.
LA VIDA ES MAS RICA
Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acaba de subrayar que en enero y febrero de este año casi el triple de migrantes entró a Centroamérica por la selva del Darién con rumbo al norteño país, en relación con igual lapso de 2021, una prueba de que este flagelo, lejos de amainar, requiere de mayores recursos y cooperación para enfrentarlo.
El representante de la OIM en Panamá, Santiago Paz, indicó a medios de la prensa extranjera en esta capital que esta situación vino para quedarse, como lo muestran los números de 2021.
Partes oficiales de organismos panameños de seguridad, las cuales registran a diario datos biométricos de los migrantes y les ofrecen atención sanitaria y alimentos en albergues en sus fronteras, indican que entre enero y febrero llegaron al Darién- limítrofe con Colombia- ocho mil 456 personas, frente a dos mil 928 en igual período de 2021. “Debemos estar claros de que estos movimientos en tránsito, principalmente hacia Estados Unidos, no van a parar, sino que, al contrario, continuarán”, remarcó Paz.
La OIM instó a los países de acogida, entre los cuales también incluyó a México y Canadá, a mantener el acceso a procedimientos de asilo, ampliar las opciones de estadía regular para personas refugiadas y migrantes, tomar medidas enérgicas contra traficantes de personas y combatir la xenofobia y la discriminación, entre otros.
VISITA “A PROPÓSITO”
Para “sellar” el asunto, a juicio de las autoridades locales, a finales de abril llegará a Panamá el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para asistir a una reunión regional sobre migración.
La estadía tiene el rechazo de movimientos populares como la Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL) que anunció una marcha de protesta hacia la presidencia de la República, en el Casco Antiguo, en repudio a la presencia del visitante, “por considerarlo no grato en nuestro territorio, lo único que traen es muerte, sangre y pobreza”, precisa en un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.
Mouynes, sin embargo, al anunciar ante las cámaras de la televisión nacional la visita de su “socio estratégico”, solo se refirió a la cita para abordar los asuntos migratorios en Centroamérica y eludió los gastos millonarios a su economía y otros sinsabores que causa el flujo de miles de personas, incluidos menores de edad, que va creciendo, todo lo contrario a los pronósticos y sentimientos optimistas de enero.
Lo más sensato que llegó a decir la diplomática, a juicio de analistas, es que la visita de Blinken demuestra el “fortalecimiento” de la relación bilateral tras un período de debilidad.
La venidera reunión en Panamá para abordar la crisis migratoria a la que asistirán cancilleres de toda la región dará continuidad a una primera realizada en 2021, pero de forma virtual.
Para Washington, admitió la diplomática, el tema es prioritario y reiteró la necesidad de la corresponsabilidad de los países emisores y receptores de la migración irregular, incluido Estados Unidos.
De su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la propia OIM alertaron hace menos de una semana sobre el auge de los flujos en lo que va de este año, luego del anuncio de que Washington levantará en mayo una norma que permitía la expulsión de los indocumentados.
LA CIDH ESTÁ PREOCUPADA
En marzo, una delegación de alto nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) admitió aquí su preocupación por la situación de niños y adolescentes migrantes a su paso por Panamá en su ruta hacia el Norte.
En declaraciones a la prensa nacional y extranjera al término de una visita a estaciones de recepción migratoria en regiones como Bajo Chiquito, San Vicente y Lajas Blancas, en la selva de Darién, el titular de la CIDH, el juez Ricardo Pérez, reconoció también que hay avances en la atención a esas personas.
Consultado sobre lo que apreció en esa breve estadía, Pérez dijo sentirse preocupado en lo personal sobre la perspectiva humana detrás de la historia de cada uno de los migrantes entrevistados, sin distinción de nacionalidad.
Recordó que la CIDH ha emitido tres opiniones consultivas, que competen no solo a Panamá sino a toda la región, una de ellas del 2008, acerca de los migrantes no documentados.
Señaló que la otra consulta se refiere a la asistencia consular; y una tercera, de 2014, referida concretamente a la situación de los menores en todo lo que representa la movilidad internacional.
Esta visita de la misión de la CIDH revisó el cumplimiento de medidas impuestas al istmo a raíz del caso del ecuatoriano Juan Vélez Lorr, detenido y encarcelado en 2002, y quien un año después, deportado a su país de origen, denunciara torturas y malos tratos en los centros penitenciarios donde permaneció.
Nos toca ahora evaluar y luego emitir conclusiones en el plenario de la CIDH, que escuchará los informes de los jueces acompañantes en la visita, junto a las máximas autoridades de los ministerios panameños de Seguridad y Salud, la secretaria de la Niñez y la Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, Migración y el Servicio Nacional de Fronteras.
Aclaró Pérez que, en general, la existencia o no de medidas de la Corte no exonera a Panamá ni a ningún otro Estado de cumplir con políticas migratorias que respeten los principios elementarles de derechos humanos.
También entrevistada sobre sus impresiones, la directora para América Central y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil por sus siglas en inglés) Claudia Paz, sugirió que las medidas sobre Panamá deberían mantenerse, toda vez que aún persisten los riesgos por la pandemia de la Covid-19 y denuncias de aislados hechos de agresión sexual a niñas migrantes.
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