La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano debe abstenerse de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 17 de marzo último que reactivó el indulto a Fujimori decretado en diciembre de 2017, anulado por ilegal.
Como fundamento del dictamen, la CIDH –a la que está adscrito el Estado peruano- precisó que la reactivación del indulto no cumplió con las condiciones determinadas por la corte, de cumplimiento de la sentencia original que aplicó a Fujimori 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano, César Landa, dio tácitamente su conformidad a la nueva decisión, al publicar, sin comentarios, un resumen de la misma en sus redes de Internet. El Gobierno manifestó a priori su conformidad con lo que resolviera la corte.
La representante de las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortiz, comentó a su vez que lo decidido por la CIDH “nos devuelve la justicia” al ordenar al Estado que no libere a Fujimori, quien gobernó con mano dura entre 2019 y 2018.
El abogado de derechos humanos Ronald Gamarra anotó que la decisión era previsible y señaló que la CIDH dio plazo hasta el 13 de mayo próximo para que Perú informe sobre el cumplimiento pleno de la sentencia del tribunal foráneo de mayo de 2018 que hacía inviable el indulto.
El juez del TC Eloy Espinoza -quien votó contra el indulto-, anotó que el tribunal peruano puede anular el indulto rechazado o presentar evidencias sólidas de que Fujimori sufre una enfermedad terminal que determina su ingreso en un hospital o su traslado a un domicilio familiar, por el principio de que un preso no debe morir en la cárcel.
El letrado Gamarra anotó que ese principio se equipara con el que determina que hay crímenes contra los derechos humanos que no son perdonables.
Por su parte, el abogado Elio Riera, defensor de Fujimori, se declaró preocupado y sorprendido por la decisión de la CIDH, pero reconoció que el Estado debe acatarla por ser firmante de un tratado por el cual reconoce la jurisdicción de esa corte.
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