El juez Jorge Chávez descartó prolongar la detención del exmandatario mientras continúe uno de los procesos de investigación que lo afectan, por el presunto delito de lavado de activos mediante la empresa de servicios financieros Westfield Capital, registrada en Estados Unidos.
El magistrado dio por terminada la prisión preventiva de Kuczynski y le dio libertad desde hoy, bajo la obligación de presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales para acreditar su permanencia en Lima y hacerlo cada vez que sea requerido por el juez o la fiscalía.
También quedó prohibido de comunicarse con sus coinculpados, Gloria Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda, este último su segundo en actividades empresariales, y no podrá declarar a la prensa sobre el caso Westfield.
El juez Chávez no impuso al investigado la prohibición de realizar actividades políticas, por considerar que no había motivo para ello.
Según la Fiscalía, Kuczynski incurrió en ese delitos con fondos obtenidos por servicios de asesoría financiera otorgados por Westfield Capital a la empresa constructora brasileña Odebrecht, para que esta obtuviera contratos con el Estado peruano.
Esos servicios fueron otorgados bajo el Gobierno del presidente neoliberal Alejandro Toledo (2001-06), quien se encuentra en Estados Unidos en la fase final de un proceso de extradición, solicitada, para que sea juzgado aquí por recibir sobornos de Odebrecht por más de 30 millones de dólares.
Kuzcynski fue durante ese Gobierno primer ministro y titular de Economía y tuvo que ver con el proceso de contratación de Odebrecht para la construcción de obras viales.
Los negocios de empresas del exgobernante con Odebrecht salieron a la luz tras ser elegido y asumir la presidencia en 2016 y motivaron un intento fallido de vacancia (destitución) y un escándalo político por imputaciones de compra de votos opositores para evitar su cese, que lo obligó a renunciar en marzo de 2018.
“Todo ello, bajo apercibimiento expreso que, en caso de incumplimiento de las restricciones y previo requerimiento, se procederá a revocar la medida, volviéndose al statu quo del arresto domiciliario”, se lee en la resolución.
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