En el encuentro virtual participa una decena de miembros de la Cámara Alta del Congreso de la República (parlamento), quienes deberán revisar los detalles de la acción, defendida por el Gobierno y calificada de masacre por organismos defensores de los derechos humanos y la oposición política.
De acuerdo con fuentes oficiales se trató de un operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía para eliminar a miembros de las llamadas disidencias relacionados con el narcotráfico y otros delitos y capturar a uno de sus líderes, Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno.
Sin embargo el fracaso de la operación y la muerte de los civiles, entre ellos una embarazada y un menor de edad, puso en tela de juicio la planificación de la misma, el trabajo de la cúpula militar del país y el Ministerio de Defensa.
La situación se agravó ante indicios de manejar las muertes de los lugareños como casos de falsos positivos (bajas civiles contabilizadas como combatientes muertos en acción), un práctica denunciada durante décadas por detractores de las soluciones militares a los problemas del país.
Este martes el presidente del país, Iván Duque, defendió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unida la actuación de los militares en el referido operativo, también expresó su apoyo el titular de Defensa Diego Molano.
Los soldados siguieron “protocolos nacionales e internacionales”, dijo Molano en conferencia de prensa, fue “una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia”, agregó.
Por su parte el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que en ocasiones anteriores fue reportada la muerte de civiles, entre ellos embarazadas y menores, como resultado de los enfrentamientos con grupos armados ilegales.
Además insistió en que las víctimas eran combatientes de las llamadas disidencias y el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional como conducta a seguir por los uniformados.
A propósito de los hechos, varios senadores solicitaron un debate de control sobre el Ministerio de Defensa, en el que debe rendir cuentas Molano, cuya dimisión exigen familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos.
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