El también catedrático universitario comentó así la decisión tomada por el Legislativo de iniciar el procedimiento parlamentario y dar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue el caso, que puede terminar con la suspensión del mandatario y su inhabilitación por 10 años.
Añadió que si el interés opositor es “formar un gran frente contra Castillo”, ese camino “deslegitima a la oposición y confirma su carácter golpista”.
La acusación invoca como supuesta traición a la patria una declaración en la que, ante una pregunta, Castillo dijo que una salida al mar de Bolivia por territorio peruano requeriría de una consulta a la ciudadanía, ante lo cual la extrema derecha sostuvo que pretender entregar soberanía al vecino país.
Según Vidarte, demostró falta de conocimiento del tema de la relación de Perú con Bolivia y la demanda histórica del país vecino de una salida al mar, perdida por la conquista chilena de sus costas, imputarle un acto de traición a la patria es excesivo.
Añadió que con esa actitud, la oposición reafirma lo que ha hecho desde el inicio del gobierno actual, hace menos de nueve meses, “buscar por cualquier medio que Castillo deje el poder”.
De otro lado, el semanario Hildebrandt en sus 13 afirmó que el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, analiza la posibilidad de anular la decisión de su antecesora Zoraida Ávalos, de congelar una investigación por presunta vinculación con actos de corrupción imputados por su entorno, e iniciar las pesquisas.
Ávalos abrió la indagación preliminar al mandatario por los posibles delitos de tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal imputados a su exsecretario Bruno Pacheco -quien está prófugo y afirma que la Fiscalía lo persigue para que inculpe a Castillo-, y dos de sus sobrinos.
Sin embargo, en el mismo dictamen suspendió la investigación al presidente hasta el fin de su mandato, en 2026, debido a la inmunidad absoluta de los jefes de Estado en funciones.
Hildebrandt en sus 13 recuerda que la fiscal que investiga a los allegados al gobernante, Karla Zencenarro, cree, y así lo informará a Sánchez, que tiene sustento la afirmación de la empresaria lobista (cabildera) Karelim López, de que Castillo encabeza una red corrupta, lo que él niega rotundamente.
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