El pedido fue dirigido a la Corte Suprema y contra el director del Instituto Nacional Penitenciario, Omar Méndez; así como la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.
También contra el presidente Pedro Castillo, y la titular del Congreso, María del Carmen Alva, por su acatamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 30 de marzo último bloqueó un indulto a Fujimori anulado en 2018 por ilegal y reactivado por el Tribunal Constitucional (TC).
El recurso fue presentado por Gregorio Parco, el mismo abogado cuyo anterior habeas corpus fue acogido por el TC, y que esta vez invoca una norma que permite enviar a los presos en grave estado de salud a su casa o a un hospital para que sean atendidos.
Fujimori se encuentra desde ayer en una clínica privada a la que fue trasladado por sufrir de taquicardia e hipotensión, según su hija y dirigente neoliberal, Keiko Fujimori.
El exmandatario condenado a 25 años por crímenes que califican como delitos de lesa humanidad, tiene en su prisión exclusiva atención médica permanente y una ambulancia a su disposición, que cada vez que tiene problemas de salud lo traslada a una clínica, donde es atendido y permanece el tiempo necesario.
Keiko Fujimori sostuvo ayer que la crisis por la que su padre está ingresado se debe, en su opinión, a las recientes mociones legales, es decir a la decisión de la CIDH de impedir su excarcelación.
Sin embargo, previamente el abogado del exgobernante, Elio Rivera, descartó el malestar del recluso se causado por el dictamen de la corte a la que está adscrito el Estado peruano.
El Poder Judicial tiene bajo análisis también una denuncia de la legisladora progresista Ruth Luque contra tres integrantes del Tribunal Constitucional (TC), que votaron por la reactivación del indulto ilegal a Fujimori anulado en 2018 .
“Necesitamos un Tribunal Constitucional independiente y que garantice la vigencia de los derechos humanos”, argumentó Luque sobre la denuncia a los conservadores magistrados Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Ernesto Blume por infracción a la constitución.
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