En un artículo publicado en The Hill, Scott explicó que este hecho limita gravemente la capacidad de las autoridades para prevenir la delincuencia.
Así lo demuestran las conclusiones de un estudio relativamente amplio sobre los jóvenes afectados por los sucesos violentos en Massachusetts, agregó.
Según la indagación, un tercio de los jóvenes escuchó a algún compañero de colegio hablar de las amenazas que recibieron por denunciar a delincuentes, mientras que sólo la mitad de los entrevistados que presenciaron delitos de bandas se lo contaron a alguien.
De las personas que hablaron sobre casos de delincuencia con alguien más, sólo el 13 por ciento afirmó acudir a la policía.
El estudio demostró que es poco probable que los jóvenes hagan denuncias de ese tipo a las autoridades policiales por temor a represalias o por no tener un agente en el que confiaran.
En un intento por mejorar esa situación, los legisladores estudian dos proyectos de ley federales en las comisiones judiciales del Congreso. Los documentos son la Ley del Programa de Subvenciones para la Seguridad y Protección de Testigos de 2021 y Ley de Métodos de Investigación Tecnológica y de Aclaración de Incidentes Violentos de 2021.
A primera vista, estos proyectos de ley tienen como propósitos, agregó el analista, proporcionar subvenciones competitivas y asistencia técnica a los gobiernos estatales y locales para proteger a los testigos y acompañar los procedimientos judiciales relacionados con ciertos delitos graves u organizados.
Por otro lado, proponen destinar recursos a los organismos policiales y a las fiscalías para mejorar los índices de esclarecimiento de asesinatos y tiroteos.
Estas subvenciones podrían apoyar la financiación y la formación de detectives, la contratación de agentes jurados, la adquisición de nuevas tecnologías y equipos, y la dotación de personal de procesamiento de pruebas y analistas.
Los dos documentos pretenden, además, prevenir la intimidación y represalias de los testigos y las autorizaciones de disparos.
En Estados Unidos, sólo se esclarece cada año alrededor del 60 por ciento de los asesinatos, el 33 por ciento de los asaltos con armas de fuego y el 25 por ciento de los robos violentos, según cifras oficiales.
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