Álvarez, profesor de derecho de la Universidad de esta occidental ciudad, catalogó este proceso como un importante paso político para el país, y llamó a considerar ese monumento jurídico como un todo.
Destacó una intervención de Olga Mesa, experta en estos temas en la isla, quien expresó que “es lo cierto que hay familias y no una familia en la realidad social; esta afirmación parece potenciarse con la existencia que ya constatamos de diversas formas familiares”.
“El amor de los abuelos cubanos es tan intenso que nos ganamos el derecho a comunicarnos, a compartir espacios con nuestros nietos. Sentimos, como dice Corintios 13:4 y 7: El amor es sufrido, es benigno (…) Todo lo sufre, todo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, subrayó Alvarez.
El abogado expresó que en el texto los padres no deciden por sus hijos, sino que deciden con sus hijos lo mejor para ellos, siempre de acuerdo con las capacidades intelectivas de los menores de edad y el desarrollo de sus personalidades.
Respecto a la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, dijo, incluye el maltrato físico, verbal, síquico, moral, sexual, económico o patrimonial, y la negligencia; el Código tiene una proyección transversal y ante supuestos de violencia, prevé consecuencias jurídicas.
Aspecto importante del Proyecto es la empresa familiar, a la que define como organización económica que realiza actividades de producción de bienes y presta servicios, añadió.
Según Álvarez, el documento define el novedoso concepto de responsabilidad parental residual, lo cual significa que las personas menores de edad con hijos, pueden reconocerlos y ejercen la responsabilidad parental, “pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud”.
Otra proyección transversal del Código, indicó, es la referida a que madres y padres pierden la administración de bienes y derechos de sus hijos menores de edad cuando se pruebe ante el tribunal su ineptitud para administrarlos, o cuando incurran en cualquier forma de violencia.
“El Proyecto plantea que determinar el interés superior de una niña, un niño o adolescente significa valorar sus opiniones, capacidad de comprender, posibilidad de formarse un juicio propio y autonomía progresiva, su cuidado, protección y seguridad”, argumentó.
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