De acuerdo con una indagación de dos años realizada por el Departamento de Justicia (DOJ, siglas en inglés), esas irregularidades alientan la violencia mortal entre los presos.
Las autoridades judiciales abrieron investigaciones sobre la Penitenciaría Estatal de Misisipi en Parchman Farm, y otras tres prisiones en 2020, a exigencia de los defensores de los derechos civiles, que pedían cambios urgentes en las cárceles del territorio.
La fiscal general adjunta Kristen Clarke, quien supervisa la división de derechos civiles del DOJ, dijo este miércoles que 10 reclusos fueron asesinados y 12 murieron por suicidio en los últimos dos años en Parchman, así como hay registros de varios motines violentos y descontrolados.
Existe una causa razonable para creer que las condiciones y prácticas en la Penitenciaría Estatal de Misisipi, también conocida como Parchman, violan las Enmiendas Octava y Decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos, señaló Clarke.
El Departamento añadió que se podría presentar una demanda contra el referido estado si las autoridades locales no abordan las preocupaciones planteadas.
Misisipi viola habitualmente los derechos constitucionales de las personas encarceladas en Parchman, al no tomar tampoco suficientes medidas de prevención del suicidio y no proteger de la violencia a los encarcelados, agregó el DOJ.
El Departamento entregó al estado una notificación por escrito de los hechos que sustentan estas conclusiones en una carta de 59 páginas.
El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, reconoció los problemas existentes y aseguró que tomará medidas para resolverlos.
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