“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso para que en estas próximas elecciones municipales y regionales (en octubre próximo), a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, dijo.
El mandatario hizo el anuncio en la culminación de un diálogo con dirigentes sociales de la región surandina de Cusco, en la ciudad del mismo nombre, sobre las demandas de un paro general cumplido el lunes y el martes últimos.
Legisladores derechistas alegaron contra la propuesta que cualquier proyecto de referendo o de cambio constitucional debe ser analizado y aprobado o rechazado por el Congreso.
Uno de los reclamos de la protesta cusqueña fue exigir la convocatoria de una asamblea constituyente que elabore una nueva carta magna en reemplazo de la neoliberal de 1993.
Castillo afirmó que un pequeño sector del Parlamento está obsesionado por desestabilizar al Gobierno, aunque la mayoría de los legisladores han dado su confianza al Ejecutivo cada vez que le ha sido requerido, e insistió en pedir al Congreso trabajar juntos.
El diálogo de los ministros de Castillo y los dirigentes sociales tuvo entre sus resultados el compromiso gubernamental de llevar adelante la llamada segunda reforma agraria, es decir una política de apoyo técnico y financiero a los productores agrarios.
Al respecto, el Gobierno se comprometió a construir una planta de fertilizantes en Cusco, lo cual se suma al previo anuncio del financiamiento de la adquisición de ese producto en Bolivia y Venezuela, y a dotar de tractores a los pequeños productores.
Los líderes de las federaciones de Trabajadores de Cusco, Walter Torre, y Agraria Túpac Amaru, Germán Santoyo, de la misma región, coincidieron en que, ante el avance logrado, se suspendió por 60 días la huelga general regional que iba a iniciarse la semana próxima, aunque el Ejecutivo había pedido 180 días de espera.
De no hacerse efectivos los ofrecimientos, la única respuesta será la huelga, aseveró Santoyo.
De otro lado, el diálogo registró reproches de dirigentes sociales por el incumplimiento gubernamental de promesas de cambios sociales y económicos.
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