El proyecto, firmado por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, materializó el anuncio hecho por el mandatario la semana pasada en un diálogo con organizaciones sociales de la región surandina de Cusco.
La propuesta tiene carácter de urgencia, tratamiento preferente por el Congreso y Torres explicó que refleja el sentir recogido en diálogos con dirigentes sociales del interior, tras protestas que incluyeron entre sus demandas de una nueva carta magna.
El primer ministro argumentó que la reforma tiene dos partes, siendo la primera el referendo sobre si la ciudadanía quiere o no una constituyente, consulta simultánea a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre próximo, sin afectarlas.
Recién entonces podría convocarse a la constituyente, la cual elaborará la nueva Constitución y una vez culminado el texto fundamental, habrá un nuevo referendo sobre su aprobación y durante los debates, el Congreso seguirá en funciones.
Torres informó también que la asamblea tendrá carácter popular y plurinacional y con paridad de género (igual número de mujeres y hombres) y contará de 130 integrantes.
De ese total, 40 por ciento representarán a los partidos, 30 por ciento serán independientes, 26 por ciento representarán a los pueblos indígenas y cuatro por ciento a organizaciones de afrodescendientes.
El primer ministro señaló que la constituyente daría al país estabilidad en medio de la crisis y desmintió afirmaciones opositoras que alegan que el Gobierno redactará la nueva ley de leyes.
Horas antes, la presidenta conservadora del Parlamento peruano, Maricarmen Alva, se opuso tajantemente al proyecto de refrendo y alegó que no es de interés del pueblo por tratarse de una maniobra de distracción; y sostuvo que el presidente Castillo carece de capacidad para gobernar, planteamiento reiterado por la derecha conservadora.
Por su parte, el parlamentario Bernardo Quito, del partido cogobernante, Perú Libre, calificó de desesperada la actitud de Alva y de otros políticos neoliberales, por su rechazo a cualquier cambio.
La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, de extrema derecha, desahució el proyecto de reforma, al alegar que el problema es Castillo, y el mandatario debe renunciar.
Anunció que un grupo de congresistas de posición similar alistan un proyecto de ley para recortar el mandato quinquenal de cinco años para desalojarlo del palacio de gobierno.
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