Torres hizo una minuciosa exposición en la que mostró sus destrezas como catedrático de Derecho y Ciencia Política, en la Comisión de Constitución del Congreso, primer filtro con poder para impedir que el pleno debata la propuesta.
Subrayó el carácter democrático de la consulta popular y señaló la paradoja de que los sectores que la rechazan, alegan que la mayoría del pueblo no quiere una constituyente, pero temen al referendo.
Refutó igualmente el alegato opositor según el cual solo el Congreso puede cambiar la constitución, por lo cual el presente Legislativo se ha dotado de una norma que le da derecho a veto a cualquier iniciativa ciudadana al respecto.
El primer ministro explicó la diferencia entre el poder constituyente, con facultades plenas, y el poder constituido, que solo debe regirse por la carta vigente y no puede cambiar a la que le ha dado origen.
El cambio de las constituciones -indicó- ha sido siempre producto de revoluciones, golpes de Estado o mediante una asamblea constituyente, explicó, a tiempo de señalar que una sentencia del Tribunal Constitucional acepta el cambio mediante ese mecanismo.
Fundamentó sus argumentos en abundantes citas de juristas y principios y antecedentes jurídicos.
En lo político, el primer ministro rechazó afirmaciones, sobre todo de fuerzas de extrema derecha, según las cuales el Ejecutivo quiere hacer una carta magna a su medida para perpetuarse en el poder y usará la constituyente para cerrar el Parlamento.
Explicó que el Gobierno no intervendrá en la redacción de la nueva constitución y el proyecto presentado por el presidente Pedro Castillo establece que el Parlamento y el Ejecutivo se mantendrán hasta culminar el mandato para el que fueron elegidos.
Rechazó también los criterios que, para desacreditar el proyecto, sostienen que el pueblo no quiere una nueva constitución, sino comer, en alusión al encarecimiento de las subsistencias.
Señaló que una nueva constitución también hará posible que el pueblo coma, porque proscribirá realmente los monopolios y oligopolios que, pese a estar formalmente prohibidos, concertan y manipulan los precios para aumentos desmesurados.
Tras la presentación, intervinieron con diversas opiniones sobre el tema de los miembros de la comisión que preside la congresista Patricia Juárez, de extrema derecha.
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