El nuevo estatuto, refrendado por las dos cámaras de la Dieta (órgano legislativo japonés), entrará en vigor el próximo año.
“Creo que hemos dado un paso importante para proteger la vida y el sustento de nuestros ciudadanos desde una perspectiva económica en cualquier circunstancia”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad Económica de Japón, Takayuki Kobayashi.
El titular de la cartera recalcó además que acelerarán los preparativos para la pronta aplicación de la ley, incluido el establecimiento de un sistema que garantice la previsibilidad y reduzca la carga para las empresas, a fin de lograr un equilibrio con la libertad de la actividad económica.
Después de la votación dentro de la Cámara de Consejeros, el secretario jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, declaró que el código permitirá abordar temas urgentes que son transversales y requieren tratamiento legal.
La ley implica una participación mayor del Estado en sectores claves como el transporte y las telecomunicaciones, donde supervisará de cerca las infraestructuras para prevenir ataques cibernéticos u otras amenazas desde el exterior, reseñó la prensa nacional.
El Ejecutivo nipón velará además por la estabilidad de las cadenas de suministros asociadas a semiconductores u otros productos vitales en aras de garantizar su seguridad, y estipulará medidas destinadas a evitar la fuga de información en los campos nuclear y de defensa.
A propósito, habrá penas de prisión de hasta dos años o una multa máxima de un millón de yenes (unos ocho mil dólares) para quienes filtren información de patentes no divulgadas.
El gobierno también promoverá la cooperación con las empresas privadas a partir de financiamientos y la asistencia con tecnologías de punta, entre las cuales destaca la inteligencia artificial.
De acuerdo con el texto legal, la acentuada intervención del Estado en la vida económica del país deberá ser mesurada, sin entorpecer las dinámicas del mundo corporativo.
Al respecto se incluyó una resolución no vinculante sobre el respeto a la independencia de las actividades comerciales, que a la vez considerará la imposición de sanciones a las empresas renuentes a las investigaciones gubernamentales.
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