Torres permaneció más de cinco horas en el hemiciclo del Congreso, en una interpelación en la que respondió preguntas sobre disturbios registrados hace más de un mes y tras sus respuestas los congresistas hicieron comentarios llenos de críticas, muchas duras y algunas con epítetos y vehemencia.
En su respuesta, ratificó su imagen de agudo polemista con frases punzantes que motivaron llamadas de atención de la presidencia, palabras que retiró con la queja de que había sido insultado sin que nadie reprendiera a los ofensores.
A uno de ellos, el general en retiro Roberto Chiabra, que acostumbra usar la voz tronante que caracteriza a muchos uniformados, le dijo que “yo también puedo gritar el doble, pero no lo hago por respeto a usted”, pero lo desafió a un debate, los dos solos, frente a frente.
Al legislador neoliberal Carlos Anderson, que usó la sorna para poner en duda la inteligencia de Torres y del Gobierno, lo desafió a someterse ambos a una prueba “para determinar quién es verdaderamente inteligente o si los dos somos burros”.
El tercer objetivo de sus retos fue la legisladora de extrema derecha Patricia Chirinos, quien suele discursear en voz muy alta y usando adjetivos extremos, la desafió a hacerse ambos un examen psiquiátrico para “para ver quien se encuentra mal” de la cabeza.
En sus respuestas, Torres argumentó sobre la legalidad del confinamiento general decretado el 4 de abril en Lima, debido a informes de inteligencia que auguraban una asonada en la capital, según reiteró, y sobre otros aspectos de una ola de protestas de hace más de un mes.
También dio explicaciones sobre las ocho muertes durante los disturbios de abril, en varios casos accidentales, entre otros aspectos consignados en las preguntas planteadas.
Varios legisladores de oposición lo emplazaron a renunciar, pero al final de su comparecencia no se había anunciado ninguna moción de censura que, de aprobarse, lo obligaría a renunciar.
De darse tal caso, la dimisión del primer ministro obligará a renunciar al resto del gabinete y, de repetirse el desenlace, el presidente Pedro Castillo quedará constitucionalmente facultado para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas.
Según una encuesta de la empresa Datum, publicada hoy, tanto el Parlamento como el presidente Pedro Castillo tienen una desaprobación de más de 70 por ciento.
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