“Conociéndose la decisión del Tribunal en pleno, el juicio tiene que señalarse ya para estos días y continuar con los alegatos hasta que se dicte la sentencia”, indicó el letrado constitucionalista en entrevista al canal estatal Bolivia TV.
En este caso Áñez es imputada por las acciones que ejecutó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores para asumir su control, y luego desde la cabeza del órgano cameral, sin el quórum requerido ni tener en cuenta el derecho constitucional de la bancada mayoritaria, usurpar la Presidencia del Estado en 2019.
Mediante la resolución número 40/2022, el Tribunal de Sentencia Primero rechazó este viernes la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad en contra de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por los cuales son juzgados Áñez y exaltos cargos militares y policiales.
De acuerdo con Gutiérrez, tras la decisión de los miembros de la corte, los administradores de justicia deberán remitir los obrados con sus observaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional en el departamento de Sucre.
Explicó que esa autoridad judicial tendrá que confirmar o rechazar el recurso de inconstitucionalidad concreta planteado por la defensa de Áñez, en un término que estimó tardará unos 45 días.
Insistió Gutiérrez en que mientras tanto el juicio debe continuar.
Como coacusados en Golpe de Estado II concurren el exjefe del Estado Mayor Flavio Arce y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta.
El general Gonzalo Terceros, extitular de la Fuerza Aérea, y el almirante Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada, se declararon culpables y fueron sentenciados a tres años de cárcel.
Prófugos de la justicia se encuentran el exjefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el general Sergio Orellana, quien ocupó esa responsabilidad durante el Ejecutivo de facto.
Junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán la exgobernante de facto también es acusada en la causa Golpe de Estado I de conspiración y terrorismo por los crímenes cometidos después que ella firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078.
La normativa exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por los crímenes cometidos durante la represión a los manifestantes.
Tal uso de la fuerza dejó un saldo de 37 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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