La fiscal Luz Taquire accedió así al pedido del mandatario, de conocer las preguntas, antes de rendir la declaración solicitada por su relación con Pacheco y los contactos que tuvo con López.
Un informe de Taquire precisa que el mandatario no la recibirá para que lo interrogue, sino responderá por escrito, debido a sus prerrogativas como jefe de Estado, por lo cual no reprogramará el interrogatorio presencial que inicialmente preveía.
La hasta hace poco fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, incluyó al presidente en la investigación del caso, pero por su inmunidad, suspendió la pesquisa a Castillo hasta que culmine su mandato, en 2026, y el nuevo fiscal general, Pablo Sánchez, es objeto de presiones políticas y mediáticas para que revierta esa decisión.
Pacheco está prófugo y tiene pendiente una orden de prisión preventiva por dos años y es investigado por lavado de activos, tráfico de influencias y otros cargos, mientras López solo ha aceptado un cargo menor por el primero de esos delitos.
Ambos tienen familiaridad y López sostiene que Pacheco es inocente y lo exhorta a entregarse e incriminar a Castillo, a quien señala, sin pruebas conocidas, de encabezar una red de corrupción dedicada a favorecer a determinadas empresas con contratos de obras públicas, lo cual niega rotundamente el mandatario.
Esa red, según López, estaría integrada por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; dos sobrinos de Castillo, también prófugos, y empresarios allegados, según afirma, al mandatario.
La empresaria ha estado dedicada desde años anteriores a gestionar contratos de empresas privadas con el Estado y sus críticos señalan que sus dichos favorecerían a sus clientes.
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