La precaución sanitaria plantea que para acceder a recintos cerrados, los peruanos mayores de edad deben presentar el certificado de haber recibido tres dosis del fármaco, para presionar a la población a hacerlo como forma de combate a la pandemia.
El congresista de extrema derecha Alejandro Muñante, contrario a esa exigencia por considerarla opuesta a la libertad individual, fue impedido ayer de ingresar al centro de votación, a sufragar en las elecciones de candidatos a los comicios regionales y municipales de octubre próximo, porque no tenía el certificado.
“Se está impidiendo el ejercicio de un derecho constitucional”, dijo y amenazó con denunciar penalmente a los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que le cerraron el paso al local de votación que le correspondía.
Mulante, quien alega que toda la población está vacunada -lo que no corresponde a los informes del Ministerio de Salud- también anunció que pedirá la comparecencia del jefe de la ONPE en el Parlamento, para que dé explicaciones sobre el supuesto abuso de autoridad sufrido.
Consultado por una radioemisora local, el constitucionalista Rafael Sánchez, advirtió sin embargo que en este caso la libertad personal se contrapone al bien común, la salud pública, a la que el Estado ha asignado prioridad.
En obvia referencia al caso de Muñante, dijo que el Congreso debe ser una de las primeras instituciones en cumplir lo que el Estado dispone en materia de salud.
Sánchez sugirió sin embargo analizar la posibilidad de suspender la obligatoriedad del certificado de vacunación, a fin de promover una mayor participación ciudadana en los comicios regionales y municipales de octubre próximo.
El ministro de Salud, Jorge López, consultado sobre el caso de Muñante, dijo que la presentación del certificado de vacunación es una obligación legal que debe acatarse y criticó que el Parlamento, de mayoría opositora, no la aplique en su sede.
Dijo que más adelante se podrá considerar alguna fórmula para suspender la exigencia de vacunación a fin de promover la mayor participación de los ciudadanos en las elecciones.
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