En el cuarto sufragio llevado a cabo la víspera, Pedro Callisaya logró 99 boletas, Evelín Cossío 47 y Luisa Chipana 2, mientras que el resto de los candidatos no obtuvo ninguno. Se informó el registro de 16 papeletas en blanco.
Gualberto Arispe, líder de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó que las alianzas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos no tienen la intención de contribuir a que algún aspirante logre el 66 por ciento de los votos, como establece la ley.
Añadió que existen temas urgentes para ser tratados en la ALP (Parlamento bicameral), pero indicó que la instalación de los debates con vista al nombramiento del defensor perjudica a los asambleístas en sus tareas de fiscalización, y propuso el aplazamiento de la elección.
El vicepresidente de Bolivia y titular de la ALP, David Choquehuanca, sometió a votación la propuesta de Arispe, que obtuvo la mayoría de los votos.
Aclaró Choquehuanca que el aplazamiento no significa el fin del proceso de designación, y destacó que el tema será incluido en la agenda de próximas sesiones asamblearias.
Desde las filas opositoras, el jefe de fracción de Creemos, Erwin Bazán, sostuvo que se puso un “freno” a los intentos del MAS de elegir a un defensor partidario de esta corriente política mayoritaria en el órgano legislativo.
Por Comunidad Ciudadana, la diputada Luisa Nayar aseguró en las redes sociales que su grupo parlamentario no permitirá que en la ALP se designe a un Defensor del Pueblo afín al MAS.
El legislador masista Juan José Jáuregui, en tanto, denunció que fuerzas opositoras buscan inviabilizar la elección del defensor para dar un “golpe institucional” y descabezar ese cargo público.
“Las aseveraciones, apreciaciones y posicionamientos de dirigentes de la oposición están vinculándose a esta posibilidad de que tenga que descabezarse la Defensoría del Pueblo”, afirmó en entrevista al canal estatal Bolivia TV.
Jáuregui advirtió que la representación del MAS impedirá que se concrete esa maniobra, y explicó que de prolongarse más el proceso eleccionario quedarían dos opciones: dar continuidad a la gestión de la actual defensora, Nadia Cruz, o designar en el cargo a alguien con esa responsabilidad “adjunta”.
Por su parte, la actual Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, expresó que sobre la base de la Ley 870 y la resolución que le asigna su interinato desde la ALP continuará en el cargo hasta que sea posesionada una nueva autoridad titular fruto del proceso de selección y designación que lleva a cabo ese órgano legislativo.
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