“Tal y como hemos advertido, la conspiración de la DEA contra dirigentes y senadores del Trópico intenta denigrar al movimiento cocalero para debilitarnos políticamente”, escribió en un tuit el líder de la fuerza política mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Morales advirtió en Twitter que “los golpistas quieren dar golpe a la base social del MAS-IPSP” para desestabilizar la gestión del Gobierno que encabeza el mandatario, Luis Arce.
El dirigente de origen indígena recordó que durante los gobiernos sometidos a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en Bolivia existía más coca excedente.
“Para desprestigiarnos, un diario de derecha, informa que `cocaleros de Chapare controlan desde 2006 la lucha antidrogas`. Ignora que con los gobiernos neoliberales sometidos a la DEA había más coca excedente, mayor producción de droga y más muertes, represión y persecuciones”, aclaró.
Según Morales, desde 1994 hasta 2004 la extensión promedio de las plantaciones cocaleras era de 36 mil hectáreas, y en gestiones como las de 1994, 1995 y 1996 se registraron hasta 48 mil.
En contraposición, desde la llegada al poder del MAS-IPSP en 2006 hasta el golpe de Estado de noviembre de 2019 ese promedio bajó a 25 mil 792 hectáreas por año, “gracias a la erradicación concertada”.
Recordó el líder del MAS-IPSP que esos logros fueron reconocidos por la comunidad internacional y organismos de lucha contra las drogas.
“Sin la DEA estadounidense Bolivia recuperó su dignidad y soberanía”, acotó, y a manera de contraste criticó que “con el gobierno de facto, títere de Estados Unidos, las plantaciones de coca crecieron hasta 29 mil 400 hectáreas”.
Subrayó el primer expresidente indígena boliviano que “está demostrado que el único «narco-Estado» fue el régimen que asaltó el poder con el golpe de Estado”.
“(Ni) La derecha mentirosa, famosa por sus «narcovínculos» y «narcoaviones» ni sus aliados sometidos a la DEA, tienen moral para criticarnos. #Bolivia es libre, digna y soberana”, concluyó el exmandatario.
Morales dio a conocer recientemente audios sobre un supuesto encubrimiento a narcotraficantes, y en esa misma fecha el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha contra esas ilícitas (Felcn), José María Velasco, puso en duda su veracidad.
Sin embargo, 48 horas después fue destituido y el jefe de la cartera de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, ordenó intervenir ese cuerpo policial, someter a la prueba del polígrafo o detector de mentiras al ciento por ciento de sus integrantes y renovar sus mandos.
EXPULSIÓN DE LA DEA
El 3 de noviembre de 2008, el gobierno del presidente Morales anunció la expulsión de la DEA del territorio de Bolivia debido a su actividad de espionaje político y al financiamiento de grupos delictivos.
La decisión soberana se tomó porque en ese año la agencia antinarcóticos norteamericana financió las tomas de aeropuertos promovidas por operadores políticos de la oposición bajo la denominación de “cívicos” en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, cuando promovían un frustrado golpe de Estado.
En entrevista exclusiva vía Internet con la sección Escáner de Prensa Latina, el exministro de la Presidencia de Bolivia Juan Ramón Quintana sostuvo que la acción golpista de cuarta generación perpetrada en noviembre de 2019 fue un acto de venganza contra el gobierno que expulsó a la DEA.
“No se puede entender el golpe de 2019 sin la facturación ilegal de la DEA, como un acto de venganza, de escarmiento”.
Según Quintana, la expulsión de esos agentes de Estados Unidos marcó el fin de la impunidad de 30 o 40 años desde que se instaló la DEA en el país altiplánico, donde sus agentes incurrían en violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los cocaleros y otros actores de la vida política boliviana.
“No olvidemos que utilizaban helicópteros UH-1 para ametrallar a este segmento de la población y que empleaban a la Policía Nacional como su fuerza neocolonial para torturar, matar y reprimir a nuestros ciudadanos.
“Hasta la llegada al poder de Evo Morales, la DEA operaba por encima de la justicia jurisdiccional política boliviana, violando de manera flagrante la soberanía nacional, que se recuperó con su expulsión.
“Esa fuerza extranjera ocupaba una parte del territorio nacional en violación de la Constitución Política del Estado, y sus operaciones públicas o encubiertas echaban por tierra la soberanía del país.
“A cambio de su presencia Estados Unidos condicionaba los créditos, la ayuda militar y policial; era como una suerte de virreinato norteamericano que convirtió a Bolivia en una especie de protectorado en función de sus intereses.
“La expulsión de la DEA supuso la recuperación de la soberanía política, de modo que el Estado, a través del poder Ejecutivo rescató la capacidad de tomar decisiones en la lucha contra el narcotráfico”.
Quintana advirtió que hasta entonces prevalecían los intereses políticos de Washington y no los del Estado boliviano, que con la expulsión recuperó su capacidad soberana en materia de seguridad.
“Es decir, ocurrió un proceso de descolonización en el campo de la lucha contra el narcotráfico”.
Sociólogo y autor de varios libros, Quintana identificó otra perspectiva beneficiosa de la salida de los agentes estadounidenses del territorio nacional.
“Con la recuperación de nuestra soberanía se quebró la mentira, el mito, la falacia de la lucha contra el narcotráfico que preconizaba Washington a escala global.
“Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con esta decisión Bolivia fue una de las primeras naciones que echó por tierra esa mentira”, reiteró.
Tras la retirada de la DEA, Bolivia estableció una política objetiva y real para golpear a toda la cadena de producción de drogas: contra los actores, la logística, los cómplices y los encubridores en una verdadera estrategia de combate sin injerencia ni intervención.
“Todo esto con capacidad de mando político sobre los cuerpos de seguridad y con una concepción que era la antítesis de la norteamericana”, subrayó el exministro.
Quintana consideró que la nacionalización de una parte de la política de seguridad permitió extender este fenómeno a otros sectores: los recursos naturales, las empresas estratégicas del Estado, el poder político, además de diseñar una estrategia soberana de lucha contra el narcotráfico consecuente con los intereses del país y su soberanía.
En su opinión, todo eso produjo un quiebre geopolítico de la influencia de Estados Unidos en la región, pues al salir de Bolivia se quedó sin la capacidad de pautar el control sobre Brasil, Perú, Paraguay o Chile.
Adicionalmente, el exministro subrayó que la salida de la DEA trajo varios beneficios para Bolivia, como la capacidad que logró el país de desarrollar políticas de alianzas estratégicas con países de la región sin la tutela norteamericana.
Podcast: Narcotráfico en el arsenal de Estados Unidos contra Bolivia
BOLIVIA ANTE EL MUNDO
En el plano internacional, la imagen de Bolivia ante el mundo cambió, pues hasta ese momento la DEA había criminalizado a la nación andino-amazónica con el calificativo de “narcoestado” para legitimar su intervención.
Washington, sin embargo, desde fuera comenzó una campaña para crear la imagen de que el Estado Plurinacional era productor de narcóticos.
“Pero esa estrategia falaz y tramposa de Estados Unidos fue desmentida por los informes de Naciones Unidas -enfatizó Quintana-, que se involucró a través de su agencia antidrogas, se vinculó a la política de nacionalización de esta problemática y acompañó en el proceso de construcción de los consensos para la erradicación de los cocales.
“En realidad con Evo se dignificó entre 2006 y 2019 la lucha contra el narcotráfico en colaboración con Naciones Unidas y con el financiamiento de la Unión Europea.
“Los resultados fueron sorprendentes: mayores niveles de incautación de los narcóticos durante los operativos militares, racionalización efectiva de las superficies de coca excedentaria, sin el empleo de herbicidas y cero violaciones de los derechos humanos.
“Por supuesto, todo esto propició un desarrollo extraordinario económico en los sectores cocaleros, que dejaron de lado la forma que se les imponía por la DEA”, concluyó Quintana.
En materia de política exterior, Bolivia se convirtió en un ejemplo para exportar un modelo propio de lucha contra el narcotráfico, que dio resultados insólitos a la luz de su transparencia, política soberana, de la inversión de los propios recursos sin injerencia extranjera.
Al referirse a este tema en exclusiva vía Internet con Prensa Latina, el abogado, periodista, catedrático y exministro de Gobierno de Bolivia (enero de 2015-mayo de 2015) Hugo Moldiz, significó los esfuerzos diplomáticos de su país en defensa del cultivo ancestral de la coca.
“Un tema importantísimo que Bolivia tomó como iniciativa fue denunciar la Convención de Estupefacientes de 1962, que contemplaba esa hoja dentro de la lista de sustancias prohibidas a escala mundial”, explicó.
Agregó Moldiz que luego el país altiplánico pidió incorporarse con reserva, por lo cual admitía el resto de la lista, pero dejaba claro, como dice la Constitución boliviana, que la hoja de coca es un patrimonio cultural.
El Estado Plurinacional aprobó una Ley General de la Hoja de Coca, que considera legales toda la zona de Los Yungas, en La Paz, y del Chapare, en Cochabamba, pero hasta un total de 22 mil hectáreas.
Más allá de eso siempre se llevan a cabo políticas de eliminación de las superficies excedentarias por la vía de la sustitución voluntaria, pocas veces por el camino de la erradicación forzosa.
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