El mandatario denunció que la asonada se relacionaba posiblemente con su lucha contra el tráfico de estupefacientes y con integrantes del llamado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Camanance (MFDC), grupo armado separatista senegalés que en 1982 desató la más larga rebelión africana.
“Ha sido un ataque a sangre fría. Y los autores no eran ciertamente miembros de nuestras fuerzas armadas. Eran delincuentes, que querían detener mi lucha contra el narcotráfico internacional”, declaró el gobernante sobre la intentona golpista que causó 11 muertos de las fuerzas de seguridad y cuatro civiles.
Aunque la conspiración no logró su objetivo -presuntamente asesinar a Sissoko Embaló y al gabinete- , abrió interrogantes acerca de lo incisivo que puede llegar a ser el multimillonario negocio del tráfico de drogas para emprenderla abiertamente contra un gobierno que trata de frenarlo.
Hallar las raíces del dilema conduce la búsqueda a la década de los años 90 y del 2000, cuando Guinea Bissau estuvo sometida a graves tensiones políticas que incluyeron el magnicidio de Joao Bernardo “Nino” Vieira y la muerte de dos jefes del Ejército, Ansumane Mané y Batista Tagme Na Waie.
La violencia política fue entonces un componente más en el mosaico nacional, pero aún el pequeño Estado de la lusofonía africana no sufría la intoxicación con el narcotráfico al cual ahora se le vincula, y que de ser cierta diversas declaraciones de instituciones internacionales, atacó las bases de la tranquilidad nacional.
“El tráfico de drogas contribuye a la inestabilidad de las regiones en las que operan grupos insurgentes, por lo que es necesario aplicar condenas más severas y políticas de tolerancia cero con el objetivo de preservar la gobernanza, la economía, la estabilidad y la salud pública en África Occidental”.
En tal valoración hecha por Cornella Florinda Vieira Te, jefa de la Oficina Central Nacional de la Organización International de Policía Criminal (Interpol) en Guinea Bissau, subrayó el papel del narcotráfico en el incremento de la violencia armada como forma delincuencial de luchar contra el poder.
Resulta notorio que la preservación de la estabilidad de África occidental pase por la reducción de esa actividad criminal; en 2019 Paul Stanfield, director de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas de Interpol, aseguró que “Guinea-Bissau no tolerará que las redes de tráfico de estupefacientes utilicen su territorio (…)”.
El expresidente José Mario Vaz afirmó que la “gran guerra” de Guinea-Bissau es contra el narcotráfico, y admitió era una contienda difícil de pelear. Iniciativa Global contra el Crimen Organizado reportó que “al menos 30 toneladas” de cocaína pasan por Guinea-Bissau cada año, en parte con destino a redes terroristas (…)”.
No obstante, la sucesión de crisis e inestabilidad en un país que sufrió más de 15 golpes de Estado desde su independencia, impactó en su situación socioeconómica, empeorada por la pandemia de la Covid-19, porque las adversidades actúan en grupo contra las naciones con lesiones que afectaron su construcción política.
LIBIA, OTRA VÍCTIMA
En ese caso también está Libia, cuyo declive desde el 2011, cuando miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliados árabes derrocaron y asesinaron a Muamar Gadafi, posibilitó transformar al país en paraje de tránsito de narcóticos.
“Los mayores volúmenes de droga decomisada en Libia o en rumbo a su territorio indican que el país del norte de África se convirtió en una pieza clave de las nuevas rutas empleadas por las organizaciones internacionales del narcotráfico”, acotó alternativepressagency.com.
En los últimos 20 años, según cálculos, un tercio de la cocaína que entra en Europa lo hace desde el África occidental y significativamente desde su región septentrional, lo cual reporta a las bandas criminales ganancias estimadas entre 450 y mil 150 millones de dólares anualmente.
La inestabilidad libia se conjuga con la posesión de un litoral con puertos por los que de alguna forma accede la droga, lo cual se asocia con una supuesta tendencia de los narcotraficantes de hallar vías posibilitadoras del traslado de la ilegal mercancía hacia zonas europeas.
“Es muy probable que el porcentaje de cocaína proveniente de África del Norte se incremente porque la producción de este estupefaciente aumentó y es necesario distribuirlo y hacerlo llegar a cada vez más mercados. Además, la demanda continúa en alza en Europa y Asia, (…)”, citó la agencia de información estratégica.
No resulta novedoso el tema del negocio de la droga en la región occidental del continente a cuyas costas llega la cocaína procedente de Sudamérica, luego esas cargas se trasladan en pequeñas embarcaciones que navegan a puertos del golfo de Guinea y la costa atlántica africana, rutas de frecuente uso, según expertos.
Sin embargo, ante un crecimiento de la demanda -principalmente con destino al Viejo Continente- también aumentaron las medidas contra el flagelo con el incremento escalonado de los decomisos, informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd).
La ausencia de la seguridad en el sur libio permitió que bandas criminales controlaran varios pasos por donde circulan las redes de narcotráfico y de armas, un negocio desenfrenado que fomenta el terror y empeora la rutina de una población civil atrapada desde hace 11 años en la inestabilidad.
En esa colusión sobresale el caso de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que opera en partes libias y en la porción occidental de la región del Sahel, donde durante años financió sus operaciones con acciones ilícitas, incluida la colaboración con narcotraficantes.
“Desde principios del presente siglo África subsahariana adquirió un papel relevante para el tráfico internacional de drogas, convirtiéndose en paso intermedio para el traslado de diversas sustancias estupefacientes e ilegales desde los países productores hasta los países consumidores”, apuntó el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Mientras, aumenta el temor por el poder de los “barones de la droga” en África occidental y en su región norteña, en relación con la entrada clandestina de estupefacientes en la Unión Europea, en zonas orientales del continente igualmente se perciben sus perversas secuelas.
PELIGRA EL ESTE
La costa este de África se consolida “como ruta de la heroína entre Afganistán y Europa gracias a los miles de kilómetros de playa poco vigilados y al mal control de los puertos”, dijo Aurora M. Alcojor en elordenmundial.com. La droga -afirmó- atraviesa Pakistán e Irán en camiones hasta el golfo de Omán, donde se embarca hacia África”.
Algunos estudiosos consideran que la ampliación de una falsa Yihad (guerra santa musulmana) podría esconder motivos económicos para establecer geográficamente mercados donde impere la corrupción, bajo cuya sombra florezca la producción y comercialización de narcóticos.
Esa contienda emprendida por destacamentos armados que practican una distorsionada confesión islámica, agrupa a más de 15 mil seguidores y se considera la mayor fuerza insurgente en el mundo; sus acciones van desde Costa de Marfil hasta Mozambique, cuya región de Cabo Delgado fue agredida por “muyahidines”.
No obstante, existe consenso respecto a que un Estado tolerante con la prospección de una avanzada terrorista tiende a perecer y de ahí, para erradicar totalmente el dilema, se precisa cesar la hostilidad armada, impedir un reinado de pánico y la insurgencia que en ocasiones enmascara el tráfico de drogas.
Pero teniendo en cuenta los avances en el terreno de las fuerzas de seguridad, es presumible el fracaso ideológico de las organizaciones radicales, aunque se inclinen hacia el terror como una opción instintiva para evitar se difuminen sus propuestas doctrinales, entre ellas establecer neocalifatos.
La paulatina participación de grupos extremistas insurgentes en el narcotráfico les aumenta la capacidad desestabilizadora al generar un fenómeno delincuencial más complejo como es el narcoterrorismo, que trata de limitar la presencia institucional en los territorios donde actúan y así restar legitimidad y firmeza de la nación africana.
Esa desviación del monopolio de la violencia (rasgo inherente a la autoridad oficial) impacta sobre la gobernabilidad del sistema democrático, destaca por su capacidad de corromper e intimidar a los agentes del Estado cuando el proyecto de defensa deja de operar, y empuja a los países a la depauperación moral, camino a la bancarrota.
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