En nota de prensa, la entidad señala que la pesquisa responde a denuncias y sospechas de corrupción en el seno de la Administración General de Aduanas, aunque no confirmó si incautaron documentos u otras pruebas materiales como sugirieron medios locales.
La víspera, Bell desmintió las acusaciones de corrupción y presunto tráfico de armas de fuego, y aseguró ser blanco de una campaña de desprestigio contra él y el organismo que dirige, y deploró las maniobras “malintencionadas”.
El directivo aseguró a la prensa que esperaba acciones como esas “porque las nuevas medidas que he tomado para controlar ciertos contenedores que forman parte del circuito verde están molestando a algunos importadores”.
Además, aseveró, que suscita muchas quejas su determinación para que los almacenes de depósito y los despachos de aduana por vía aérea estén equipados con modernos escáneres para un mejor control que permita luchar contra el tráfico de armas y municiones, que obstaculiza la seguridad en el país.
La Aduana estuvo en los últimos años bajo escrutinio público por la continua entrada de armas ilegales, presuntamente por los puertos bajo la complacencia de los agentes de la institución.
La Comisión de Desarme y Desmantelamiento reveló que al menos medio millón de armas circulan por el país sin registro, y señaló, sin identificar, a familias de la oligarquía como responsables de su comercio ilegal.
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