En un video publicado este martes en Twitter, el funcionario precisó que las fronteras estadounidenses “no están abiertas” y las expulsiones se mantendrán al amparo del Título 42, considerado como cruel e inhumano.
Miles de inmigrantes esperaban que este lunes se levantara dicha medida, activada por el expresidente estadounidense Donald Trump para expulsar rápidamente a los indocumentados con el pretexto de la pandemia, pero la política sigue vigente.
Un juez federal en Luisiana impidió poner fin a la orden en respuesta a una demanda de varios estados, con lo cual prosigue la devolución expedita de indocumentados al amparo de la mencionada disposición.
Las normas no han cambiado, individuos y familias siguen sujetos a las restricciones, afirmó Mayorkas, quien sugirió no poner en riesgo la vida al emprender una travesía peligrosa para luego ser devueltos.
Mayorkas apuntó que la Patrulla Fronteriza ya encara «un número de migrantes a niveles históricos debido a los grandes movimientos de gente que huye de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras tribulaciones».
Reiteró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara un plan para manejar los actuales y potenciales incrementos de llegadas a la frontera y gestionar esos arribos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó la semana pasada que en abril detuvieron a 234 mil migrantes, un incremento del 5,4 por ciento respecto al mes anterior.
En general, en las últimas semanas las críticas al ejecutivo llegan tanto de republicanos como de demócratas, que alegan falta de preparación para lidiar con el flujo migratorio en un momento en que al partido del presidente Joe Biden no le convienen más problemas domésticos antes de las elecciones de medio término.
Además, alegan que el enfoque de la administración es de doble rasero por expulsar a ciudadanos de de América Central y Haití a la vez que acepta por motivos políticos a ucranianos y cubanos.
En el caso de estos últimos son aceptados en la frontera para iniciar sus procesos legales de residencia en la nación norteña al tiempos que Washington aplica a la isla caribeña una política de asfixia económica (el bloqueo) y estimula la migración irregular (Ley de Ajuste Cubano).
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