La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, que asume el caso por disposición constitucional que considera el alto rango del mandatario, según anunció el Ministerio Público en un comunicado.
El informe precisa que Sánchez decidió extender las pesquisas al presidente en las investigaciones sobre “la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones”.
Las pesquisas se dirigieron inicialmente al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a seis congresistas del partido centrista Acción Popular y “fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”, agrega el texto.
Asegura que Castillo fue notificado de la decisión y tendrá que dar su declaración indagatoria ante la Fiscalía y agrega que tiene garantizado el derecho a la defensa.
El jurista Carlos Caro confirmó que Castillo es el primer gobernante sometido a investigación mientras ejerce el cargo, pues la Constitución solo prohíbe acusar al jefe de Estado y no se refiere a las pesquisas.
Sin embargo, en similares casos previos, como el del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), no se investigó a ningún mandatario objeto de acusaciones o denuncias.
La entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió el 5 de enero de la investigación y la suspendió al mismo tiempo, hasta que el indagado deje el Gobierno y argumentó que la norma que impide acusar tiene el objetivo de fortalecer el sistema presidencialista y evitar situaciones de inestabilidad política”.
Ávalos aplicó el mismo criterio el 5 de enero pasado, cuando abrió y congeló otra investigación a Castillo por su presunto involucramiento en contratos irregulares privados con el Estado y posibles presiones por ascensos militares.
El fiscal Sánchez no revocó la decisión de su antecesora pues la indagación preliminar está referida a un caso específico y diferente, basado en declaraciones de una empresaria (lobista), Karelim López, investigada y en libertad condicional, que ofreció colaborar a cambio de mejorar su situación contra la justicia.
Entretanto, siguen en marcha procesos judiciales o avanzadas investigaciones por presunta corrupción, a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-06), Ollanta Humala (2011-16) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-18). La lista no incluye a Alan García (1985-90 y 2006-11) porque se suicidó cuando estaba a punto de ser detenido por similares problemas.
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