Los 31 integrantes de ese grupo de trabajo tendrán como tarea inicial analizar los criterios y sugerencias aportados por los más de seis millones de personas que intervinieron en ese proceso democrático que se prolongó desde febrero hasta el 30 de abril último.
Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, informó a la prensa que las sesiones de esta comisión forman parte de un riguroso cronograma de trabajo en el cual estudiarán y elaborarán la versión que en junio será entregada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) para su análisis por los diputados.
Ese texto será debatido en la sesión parlamentaria de julio para su aprobación y determinar la fecha cuando el proyecto de Código de las Familias será sometido a la aprobación definitiva mediante referendo popular.
El ministro subrayó que la consulta con la población sobre este importante texto legislativo fue un valioso ejercicio de participación popular.
Consideró que “el proyecto es un código donde está el aporte de todos. La comisión tiene el reto de armonizar las opiniones con los mandatos constitucionales, mantener la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y con el propio proyecto”.
En las reuniones con la población los temas que generaron mayor cantidad de propuestas fueron los referidos al matrimonio, la responsabilidad parental, la adopción, la gestación solidaria, la discriminación y violencia en el ámbito familiar, el derecho de la infancia y la adolescencia y la filiación asistida.
Según datos oficiales en la consulta popular se produjeron 336 mil 595 intervenciones de los electores, y fueron recogidas 434 mil propuestas.
En la quinta sesión extraordinaria del parlamento cubano, celebrada el 14 de mayo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro Gutiérrez, informó que el 61,96 por ciento de las opiniones estuvieron a favor del proyecto de Código de las Familias.
El documento es considerado por autoridades cubanas y especialistas en temas de familia nacionales y extranjeros, como un texto inclusivo que amplía los derechos de las personas, en especial de aquellas más vulnerables como las mujeres, niños y ancianos.
El texto, además, toma los conceptos más modernos sobre el tema, con lo cual actualiza el código existente desde la década de 1970, y para su redacción se acudió a sesiones especializadas en las que participaron 47 instituciones de los más amplios sectores.
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