“La acusación que se ha hecho la aplaudimos y pedimos más bien celeridad para que este caso llegue a su conclusión. Quienes han cometido delitos, quienes han cometido errores, han violado nuestras normativas, tienen que ser sancionados”, aseguró el legislador.
La cartera de Gobierno (Interior) informó en un comunicado que Yassir Molina, Milena Sotto, Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé fueron notificados con las acusaciones para que el 6 de junio presenten sus pruebas de descargo en el inicio de un juicio oral público.
Estos integrantes de la RJC son imputados por sus excesos en la ejecución del golpe de Estado de noviembre de 2019 y durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.
Fuerzas de choque de esta organización racista agredieron el 6 de noviembre de 2019 una marcha de mujeres de polleras que se concentró en la plaza principal de Cochabamba en rechazo a las acciones golpistas.
Las rodearon con las motocicletas, les dispararon gases lacrimógenos, las persiguieron, les halaron el cabello para humillarlas y las golpearon en el suelo.
También el 8 de noviembre, después del motín policial registrado en Cochabamba, los “motoqueros” de la RJC rodearon la sede de las seis federaciones sindicales del Trópico e incendiaron esa sede.
Al criticar el comunicado del Ministerio de Gobierno, la fuerza política Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó el enjuiciamiento de los dirigentes de la RJC de supuesta persecución política, y llamó a defenderlos.
Sin embargo, los correligionarios del MAS deploraron esa postura de defensa de un “grupo irregular” que emergió en un momento de quiebra del orden constitucional y que contribuyó a agudizar la crisis política.
Por su parte, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Paulo Abrao elogió las acciones gubernamentales en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes para desmantelar a la RJC.
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