El vocero del grupo parlamentario del partido Renovación Popular planteó la medida por el hecho de que firmó trámites del club regional Apurímac pese a que la Constitución prohíbe a los ministros ejercer funciones en empresas o instituciones de cualquier tipo.
Otro motivo esgrimido por Montoya es que Boluarte omitió incluir en su declaración de intereses como candidata a la vicepresidencia, las ocupaciones de ocho cuñados, lo cual estaba obligada a reportar e hizo posteriormente.
La moción alega además que la vicepresidenta renunció a su empleo en el Registro Nacional de Identificación (Reniec) recién en abril pasado, 10 meses después de asumir la vicepresidencia, demora por la que habría violado otra norma.
Boluarte tiene pendiente además dos acusaciones constitucionales por firmar documentos del club Apurímac, lo cual ella afirma que se debe a que su reemplazante al frente del club no inscribía su firma en los registros públicos.
Tanto las bancadas de Renovación Popular como la de Avanza País, también de derecha extrema, pretenden que Boluarte no solo cese como vicepresidenta sino también que sea inhabilitada por 10 años para el ejercicio de funciones públicas, máxima sanción por violación constitucional.
Las bancadas opositoras de derecha extrema y aliados de centro se proponen además retirar del cargo al presidente Pedro Castillo, para lo cual proyectan diversas vías.
De concretarse esos planes y previo cese de Boluarte, la sucesión presidencial recaerá en el presidente del Congreso.
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