El defensor dijo que presentó el recurso de cautela de derechos, tras el rechazo, hoy mismo, del Ministerio Público a su reclamo contra la indagación preliminar anunciada el 29 de mayo y la cual es materia de polémica sobre su constitucionalidad. El recurso, precisó, plantea que la justicia anule la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y se cancele el interrogatorio al mandatario fijado para el 13 de junio.
Espinoza argumentó que “la constitución prohíbe la persecución del presidente de la República en funciones, en los casos no previstos en su artículo 117”.
Según ese artículo, el mandatario solo puede ser denunciado por traición a la patria, cierre ilegal del Parlamento o el Jurado Electoral, impedir su funcionamiento e impedir la realización de elecciones o el de otros organismos electorales.
El fiscal Sánchez argumenta que la carta magna prohíbe acusar a un gobernante en funciones por esos delitos, pero no impide investigarlo.
Espinoza y otros juristas consideran que la prohibición de acusar al presidente implica proteger su inmunidad y esta se vería afectada por una investigación y, al aprobarse la carta magna, en 1993, la investigación suponía tácitamente una acusación.
Sánchez incluyó al mandatario en una indagación en marcha al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, seis parlamentarios en actividad, dos sobrinos de Castillo y varios empresarios.
También los empresarios lobistas (gestores de negocios privados) Karelim López y Zamir Villaverde, investigados por corrupción y que, para aminorar su castigo, incriminan al presidente y a otros investigados.
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