Los cambios recién promulgados introducen un sistema de revisión judicial diseñado para garantizar la transparencia de los procedimientos de protección infantil y evitar conflictos entre los centros de acogida y los padres de los menores de edad.
De acuerdo con la nueva disposición legal, cuando los Centros de Orientación Infantil denuncien casos de maltrato por parte de los padres y retengan a los niños sin el consentimiento de sus tutores, un tribunal juzgará con inmediatez la idoneidad de la protección temporal.
Asimismo, el estatuto exigirá rigurosidad a los gobiernos locales a la hora de elegir a agentes de protección cualificados según las últimas normas de certificación establecidas, o reinscribir a aquellos con antecedentes de actos obscenos.
La ley también eliminará el límite máximo de edad (22 años) con la cual los jóvenes deben abandonar los hogares infantiles o las familias de acogida.
El nuevo criterio valorará la capacidad de los individuos para vivir de forma independiente.
Parte de la ordenanza revisada entrará en vigor el próximo año y se hará efectiva completamente en 2024.
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