El juez constitucional de Lima, John Paredes, notificó a la titular del Parlamento, Maricarmen Alba, que suspenda el nombramiento -que estaba próximo a culminar- hasta la resolución de la acción de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.
La medida del magistrado fue rechazada por congresistas de derecha extrema y aliados con el argumento de que el Congreso es un poder autónomo, aunque hay antecedentes en que se ha aplicado el principio de que las decisiones judiciales son de estricto cumplimiento, sin excepciones.
El dictamen cita los argumentos del sindicato, en el sentido de “un peligro inminente de que el referido proceso de elección termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.
El congresista de derecha extrema Alejandro Muñante sostuvo que la decisión judicial es “una leguleyada (argucia legal) de los caviares”, como su sector político llama despectivamente a los izquierdistas moderados y hasta a los centristas.
Pidió que el Parlamento dicte con urgencia una norma para evitar que un juez de primera instancia enfrente a otro poder del Estado y su colega centrista Elvis Vergara sostuvo que el Legislativo no está sujeto a órdenes de otro poder del Estado.
El jurista Carlos Rivera advirtió que desconocer el dictamen del Poder Judicial, alegando una supuesta maniobra, evidencia ignorancia, pues el Tribunal Constitucional ha establecido que el Congresdo no está exento de ser objeto de control constitucional.
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