Áñez y seis exjefes militares y policiales son procesados por los sucesos ocurridos en noviembre de 2019, cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país como parte de un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, tras lo cual comenzó un período de violencia y represión contra líderes indígenas y organizaciones sociales.
Según la imputación, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta quebrantó tres artículos del reglamento del Senado para proclamarse titular de ese cuerpo legislativo sin el quórum requerido.
Después vulneró otros tres del reglamento de Diputados al instalar una sesión ilegal de la Asamblea Legislativa y, finalmente, violó nueve preceptos de la Constitución Política del Estado para usurpar la primera magistratura de la nación en perjuicio de la mayoría parlamentaria, el Movimiento al Socialismo.
La sentencia de Áñez fue anunciada tras el voto unánime del Tribunal que también dictó el encarcelamiento del excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, el de la Policía Vladimir Yuri Calderón y otros implicados.
La exsenadora deberá cumplir su condena en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz.
Durante el golpe y el régimen instaurado por Áñez, en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias que dejaron al menos 37 muertos y centenares de heridos.
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