La máxima instancia judicial determinó que esos indocumentados no cuentan con derechos ante la ley federal para una audiencia de fianza en la que puedan acceder a su liberación, sin importar cuánto tiempo llevan detenidos.
La sentencia se refiere a personas que fueron deportadas anteriormente, pero después volvieron a ingresar al país norteño alegando temores de persecución o tortura en sus naciones de origen.
Por otro lado, la máxima corte también decidió que los inmigrantes no pueden presentar casos conjuntos ante la justicia, lo cual según la magistrada Sonia Sotomayor “dejará a muchos no ciudadanos vulnerables sin la capacidad de proteger sus derechos”.
De esa forma, tribunales federales inferiores carecen de la facultad de otorgar medidas cautelares a clases enteras de inmigrantes, a diferencia de aquellos que demandan individualmente y no de manera colectiva.
Ambas sentencias constituyen un golpe para quienes deciden entrar de forma ilegal a Estados Unidos en busca de supuestas mejores condiciones de vida luego de que el presidente Joe Biden prometiera un enfoque más humano hacia la inmigración y por el contrario mantiene una visión racista y xenófoba, de acuerdo con analistas.
La crisis en la frontera sur es una de las problemáticas que enfrenta la actual administración demócrata, mientras mantiene en vigor medidas como el Título 42 de la era del expresidente Donald Trump (2017-2021) para expulsar inmigrantes con la justificación de la pandemia de Covid-19.
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