La espera de 10 años en EE.UU. de los soñadores (dreamers)
Para los alrededor de 800 mil “dreamers” (soñadores) -como se conocen aquí a los indocumentados que llegaron siendo menores de edad- DACA hizo posible una vida casi normal en territorio estadounidense, con acceso a trabajo, educación, servicios básicos y un riesgo reducido de deportación.
Ese plan se instituyó en 2012, después de que el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) chocara contra un muro en sus intentos legislativos por realizar una reforma migratoria que hasta el momento no se ha hecho realidad.
La normativa se encuentra en peligro 10 años después de su implementación debido a las acciones judiciales y la parálisis política, por lo cual los beneficiarios se encuentran en riesgo de volver a caer en el estado de indocumentados.
DACA siempre ha sido temporal y la realidad es que no es suficiente para brindar alivio duradero a quienes lo necesitan, dijo José Muñoz, de la organización defensora de los jóvenes inmigrantes United We Dream.
Además, existen críticas porque los “dreamers” más jóvenes no pueden inscribirse en el programa, que solo incluye a quienes llegaron a Estados Unidos antes de 2007.
El expresidente Donald Trump rescindió el amparo a los inmigrantes en 2017, pero tuvo que ponerlo en marcha nuevamente tras una decisión de la Corte Suprema.
En 2021 la Cámara Baja sancionó una ley que formalizaría el programa de DACA a nivel federal y crearía una camino a la ciudadanía para miles de soñadores, pero la medida nunca llegó a votarse en el Senado.
Mientras el Congreso sigue paralizado, se esperan los resultados de un proceso legal que transcurre en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), que escuchará el 6 de julio los argumentos de una demanda de Texas.
La audiencia responderá a la apelación hecha por el Gobierno del presidente Joe Biden al fallo del juez federal Andrew Hanen, quien se puso de parte de un grupo de estados republicanos liderados por Texas a favor del fin del programa.
Entre tantos litigios los beneficiados están con mucha incertidumbre y otros se encuentran en el limbo, como los 100 mil indocumentados que se graduarán de la enseñanza secundaria sin la posibilidad de incorporarse legalmente al mercado laboral.
oda/avr
