El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, detalló que los exfuncionarios fueron inculpados por los delitos de tráfico de armas, tenencia, porte y portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría.
Explicó a la prensa que existe evidencia de que Murillo y López se reunieron para acordar el ingreso irregular del armamento en el 2019, cuando existían conflictos sociales en el país.
En la imputación precisan que ingresaron al territorio nacional cinco mil granadas de mano, dos mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Aseveró que la Fiscalía está a la espera del señalamiento de audiencia de medidas cautelares, pero con los antecedentes, que otros investigados no asistieron a la convocatoria de la autoridad jurisdiccional, presumen que corresponderá la emisión de la rebeldía.
Quispe señaló que 14 personas están siendo investigadas dentro de este proceso.
Actualmente, dijo, existen más de 15 procesos en contra de Murillo, quien se encuentra en Estados Unidos y ya se cursó solicitud de extradición vía cancillería, y 14 en contra de López, prófugo de la justicia en Brasil.
Recordó que ambos participaron en una reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, junto a autoridades del alto mando militar y policial, la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, la expresidenta Jeanine Añez, y otros extitulares.
En ese encuentro Lizárraga contactó con personal policial de Ecuador y se acordó que ese país facilitara equipos antimotín, gases y otros explosivos.
Áñez instruyó el viaje para la recepción de los agentes químicos bajo la dirección y supervisión de Murillo y López, quienes realizaron el procedimiento; es decir, el plan de operaciones para internar al país el armamento no letal, según informes del Ministerio Público.
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