En atuendo casual y sin el traje que recientemente suele usar en actividades protocolares, el gobernante salió del Palacio de gobierno, tras una reunión de trabajo, e hizo el tránsito de seis cuadras hasta la sede del Ministerio Público, donde lo esperaban sus abogados.
Además de la escolta que lo rodeaba, policías en uniforme resguardaron las aceras en algunos tramos, sobre todo al final del trayecto, sin que se produjeran incidentes.
Al final de la caminata, minutos antes de la hora fijada, algunos elementos de extrema derecha, integrantes de los grupos más hostiles al Gobierno, apostados frente al Ministerio Público, desplegaron ante la barrera policial carteles con consignas y lanzaron gritos e insultos contra el mandatario.
Transeúntes simpatizantes de Castillo que pasaban por el lugar rechazaron a los opositores y hubo un conato de enfrentamiento que la Policía controló, sin que pasara a mayores.
La asistencia de Castillo al interrogatorio despejó dudas que subsistían hasta anoche, pese a que el jefe de Estado dijo ayer que asistiría a todas las convocatorias sobre las acusaciones en su contra y rechazó que hubiera incurrido en delitos de corrupción, como afirman sus opositores con gran apoyo mediático.
Castillo acudió a declarar en el caso del contrato irregular (ya anulado) de construcción de un costoso puente, bajo la hipótesis de la fiscalía, de que forma parte de una serie de negociados similares realizados por una organización criminal en el gobierno, encabezada por Castillo.
El caso involucra al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, dos sobrinos del jefe de Estado y seis parlamentarios, los dos primeros están prófugos, de lo cual la oposición culpa al Gobierno.
acl/mrs
