El dictamen declara improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, que impugna la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de aprobar la denuncia de un grupo de abogados y políticos de extrema derecha.
El recurso planteaba que esa decisión constituye un atentado “contra a libertad individual en conexión al debido proceso y la tutela procesal efectiva” del mandatario.
El caso se originó en una entrevista en la que Castillo, ante una pregunta sobre la cesión de una salida al mar para Bolivia, respondió que nunca haría nada sin consultar al pueblo.
La declaración, según los denunciantes, implicaba la intención de ceder soberanía territorial y marítima a Bolivia, lo cual constituiría traición a la patria, uno de los pocos delitos graves por los que un presidente puede ser suspendido o inhabilitado y retirado del cargo.
La defensa alega que fue solo una declaración periodística, tras la cual Castillo aclaró que no tiene intención alguna de ceder territorio al país vecino y, según sus abogados, solo ejercía su derecho a la libre expresión y opinión.
Varios de los denunciantes son vehementes opositores y consideran la denuncia como una vía alternativa para destituir al gobernante, tras fracasar dos veces por insuficiente apoyo el intento de cesarlo por “permanente incapacidad moral”.
La denuncia está pendiente de ser aprobada por la Comisión Permanente del órgano legislativo unicameral y fundamentada en el pleno parlamentario, para que este emita su dictamen final.
De otro lado, Castillo fue incluido a fines de mayo último en una investigación a una presunta red de corrupción en contratos de obras públicas en la que están prófugos o son investigados el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el ex secretario presidencial Bruno Pachco y dos sobrinos de Castillo.
En ese caso, el presidente fue interrogado durante más de cuatro horas y a puerta cerrada, por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a cargo del caso por el rango del mandatario.
El jefe de Estado y sus defensores argumentan que las acusaciones carecen de base y expresan intereses políticos y mediáticos.
Alegan que esos intereses intentaron impedir el acceso de Castillo al Gobierno tras su victoria electoral y desde el inicio de su administración intentan retirarlo del cargo y lo presionan a renunciar, invocando sus errores y limitaciones .
mgt/mrs
