La corporación del orden público clasificó la vulnerabilidad del precandidato del Partido de los Trabajadores, es decir, lo probable que sufra ataques, en el grado cinco.
Para decidir cómo distribuir ese efectivo, la Policía tendrá en cuenta una escala de riesgos que va de uno (menor riesgo) a cinco (mayor), elaborada de acuerdo con cada pretendiente al poder y el peligro en los eventos en agenda.
Con lo anterior, Lula tendrá el mayor número de policías, entre agentes y delegados, involucrados en su seguridad: por lo menos 27.
No hay límite para el máximo, pudiendo ser empleadas cuantas personas sean necesarias para hacer frente a las demandas que surjan durante los trabajos.
La actual seguridad del exdirigente obrero, militares cedidos por el gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, es responsable por la protección de exjefes de Estado.
Esta unidad intensificó el seguimiento de Lula tras algunos episodios recientes en Campinas, municipio de Sao Paulo, cuando manifestantes rodearon el coche del exlíder sindical en momentos de almuerzo; también en el sureño estado de Paraná, un diputado lo amenazó de muerte.
Desplazamientos largos pasaron a ser desaconsejados y hasta el lugar para la grabación de videos fue elegido teniendo en cuenta los riesgos para el extornero mecánico.
Tal preocupación se hizo evidente en la reunión celebrada el 31 de mayo con asesores de los aspirantes, en la que los representantes de la PF expusieron los detalles del esquema.
La PF anunció que movilizará cerca de 300 agentes, vehículos blindados e invertirá cerca de 57 millones de reales (unos 12 millones de dólares) para garantizar la seguridad de los presidenciales. La campaña electoral comienza oficialmente el 15 de agosto.
Una de las cardinales inquietudes es con los desplazamientos de los postulantes por el país y programas que involucran multitudes, abriendo margen para el ataque de los llamados lobos solitarios.
El clima de polarización en las calles, con protestas de militantes bolsonaristas (partidarios del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro) en las inmediaciones de actos con Lula, es otra fuente de desasosiego.
La Policía subestimó en 2018 los riesgos en torno a la seguridad de los presidenciales. Tras el atentado a Bolsonaro, blanco de una puñalada en Juiz de Fora, municipio del estado de Minas Gerais (sudeste), la corporación cambió la forma de encarar el problema: editó una instrucción normativa para definir directrices generales y decidió profesionalizar a sus cuadros.
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