Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de esta capital como resultado del proceso Golpe de Estado II, al que respondió por los cargos de violaciones a la Constitución e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con el titular de la Cámara Alta, parlamentarios de extrema derecha que visitaron Bolivia en días recientes desconocen la verdad acerca del golpe de Estado de noviembre de 2019 y los hechos relacionados, de ahí la declaración sin fundamentos para intentar eximir a Áñez.
“Total desconocimiento que tienen estos parlamentarios que vienen a visitar Bolivia con el objeto de hacer una campaña internacional para la liberación de Áñez, sin tomar en cuenta que asumió el poder de manera ilegal, siendo segunda vicepresidenta del Senado”, dijo Rodríguez.
La entonces senadora por el departamento de Beni violó varias normas jurídicas para asumir de facto la jefatura del Estado con la complicidad de la cúpula militar, la policía, la derecha y otros sectores que se beneficiaron con la defenestración de Evo Morales, presidente constitucional del país.
Rodríguez recordó que una de las primeras acciones de Áñez una vez ceñida la banda presidencial fue la firma de un decreto para liberar de responsabilidades a los uniformados responsables de la represión a quienes defendieron el orden constitucional.
Entre las acciones más condenadas de militares y policías en el contexto de la asonada están las masacres de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida 38 bolivianos que pedían el regreso de Morales al poder, el respeto a la democracia y el cese de la violencia por parte de organizaciones de oposición y derecha.
“Tiene responsabilidades como presidenta de facto del Estado y tiene que asumir las consecuencias que está en manos de la justicia (…)”, insistió el líder del senado boliviano.
Áñez, condenada junto a otros responsables de violentar las leyes para asumir la presidencia, también es procesada por el caso Golpe de Estado I, que le acusa de terrorismo, sedición y conspiración para cometer actos de violencia.
Sin embargo, como señalan defensores de los derechos humanos, constitucionalistas y expertos, en algún momento deberá responder por los daños ocasionados el país en materia económica y financiera, por corrupción y nepotismo, entre otras ilegalidades.
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