En entrevista concedida al programa radial argentino La Pizarra, el mandatario explicó varios aspectos relacionados con el proceso a Áñez, centro de una campaña internacional de desinformación para presionar al sistema judicial a eximirla de los cargos imputados.
«Se respetó el debido proceso, se respetó todos los procedimientos legales, por lo tanto, nosotros estamos convencidos que todo lo que se hizo, se ha hecho en el marco de la justicia», dijo el jefe de Estado.
Desde la etapa de prisión preventiva, medios de derecha y líderes de la oposición defendieron, sin pruebas, la tesis de la violación a los derechos fundamentales de Áñez, para así crear un estado de opinión que sirviera de base a los intentos de poner en entredicho la transparencia del sistema judicial boliviano.
El Gobierno nacional, explicó Arce, brindó todas las condiciones mientras se encontraba en la cárcel de Miraflores, inclusive se generó un amotinamiento del resto de las mujeres en el penal por privilegios a la exsenadora.
Sin embargo, ante la contundencia de las pruebas y a pesar de las presiones, la expresidenta de facto fue condenada por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de esta capital como resultado del proceso al que respondió por cargos de violaciones a la Constitución e incumplimiento de deberes.
«Hemos cumplido con el pueblo boliviano porque lo primero que nos pedía era justicia, justicia, y nosotros simplemente hemos presentado las pruebas para que sea la justicia la que emita el veredicto, valore todas las pruebas que se presentaron y ahí están los resultados», aseguró el gobernante.
Desmintió una vez más las supuestas violaciones al sistema judicial con relación al caso, en especial la referida a la subordinación de fiscales y jueces a autoridades gubernamentales, cuyo fin es desprestigiar la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS, fuerza política en el poder).
«(No estamos involucrados) en la justicia, en entorpecer el proceso; eso tuvo otros canales propios del sistema judicial (…)», aclaró el también economista y docente universitario.
El más reciente episodio de la referida campaña de desinformación respecto al caso Golpe de Estado II lo protagonizaron varios legisladores europeos de derecha que mediante juicios parcializados y carentes de fundamentos intentan presionar a las autoridades judiciales bolivianas para lograr la anulación de la sentencia.
En 2019, cuando la asonada contra el presidente constitucional Evo Morales, la senadora por el departamento de Beni se desempeñaba como segunda vicepresidenta de esa cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento).
Con el apoyo de militares amotinados y la oposición, la legisladora infringió la normativa vigente y asumió de manera inconstitucional la jefatura del Estado.
De ahí que una vez restablecido el orden democrático tras las elecciones de 2020 con la abrumadora victoria en las urnas del MAS, se iniciaron los procesos Golpe de Estado I y II, el primero, aun pendiente a juicio, bajo cargos de terrorismo, sedición y conspiración para cometer actos de violencia.
En la entrevista a La Pizarra, el presidente de Bolivia se refirió además a otros retos asumidos durante sus casi dos años de gestión como la recuperación de la democracia y la economía, el control de la Covid-19, y otras políticas encaminadas a superar los estragos causados por el gobierno golpista.
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