El Consejo de Ministros aprobó ayer los proyectos que apuntan a sancionar a quienes filtren el contenido de investigaciones del Ministerio Público en fase reservada y a que el antejuicio previsto para altas autoridades deje de estar en manos del Congreso de la República.
En el primer tema, los medios de prensa, parlamentarios y juristas, en su gran mayoría marcadamente opositores al ejecutivo, junto a periodistas afines, rechazaron de plano la norma anunciada, que establece hasta cuatro años de cárcel para los infractores.
Las críticas consideran la norma ideada como contraria a la libertad de prensa y de expresión, pese a que no incluye a los medios ni a los periodistas, sino a jueces, fiscales, otros agentes de justicia e investigados y testigos, todos los cuales están obligados a mantener en reserva las pesquisas, aunque si incumplen no cometen delito.
Según las explicaciones del primer ministro, Aníbal Torres, la norma, que deberá someterse a la aprobación del parlamento unicameral, de mayoría opositora, es necesaria para preservar la reserva que el Código Penal establece en la etapa investigativa.
“Sucede en la actualidad que la información reservada sobre las investigaciones se da a conocer rápidamente al público y, a veces, seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos a los indagados y eso no debe suceder”, dijo Torres.
Planteó que la ley proyectada es necesaria para terminar con “esa forma de comercializar prácticamente la información” y sancionar esa práctica.
El ministro de Justicia, Félix Chero, apuntó que la violación de la reserva “pone en riesgo la investigación y a quienes están sujetos a ella, en la vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, y puede afectar a testigos con código de reserva, a colaboradores eficaces cuando se trata de organizaciones criminales”.
Los opositores al proyecto alegan que las filtraciones permiten que la ciudadanía se entere de la situación de miembros del actual y anteriores gobiernos y que, si bien la ley no sanciona la difusión de las mismas por la prensa ni la recepción por esta de información reservada, disuadirá a las fuentes y afectará a los periodistas.
Fuentes congresionales creen seguro que el Congreso…rechazará el proyecto y también alegará la defensa de sus fueros para bloquear la ley, que pone en manos de los tres jueces más antiguos de la Corte Suprema de Justicia el antejuicio a ex altos funcionarios y el cese de su inmunidad, hoy en manos de la Comisión Permanente.
El segundo proyecto deja en manos el juicio político seguirá a cargo del pleno congresional y establece que los jueces dictaminarán solo si procede o no la causa y, en caso de aprobarla, dejarán el caso en manos del Fiscal de la Nación.
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