Organizaciones populares rechazan por su parte la conducta servil y entreguista del actual gobierno de Laurentino Cortizo y alertan sobre la amenaza de que regresen los vientos de diciembre de 1989, cuando una invasión militar sembró caos y muerte en los barrios más humildes del país centroamericano.
Las evidencias y denuncias no son nuevas. Apenas un solo ejemplo: en febrero de 2021, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá revelaron que Estados Unidos «insiste en el uso de las fuerzas militares para tratar de impedir el tráfico y alto consumo de drogas en su propio territorio».
Según un comunicado difundido entonces, las instituciones académicas condenaron la instalación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), acuerdo suscrito el 12 de febrero de 2021 por el ministro de Seguridad, Juan Pino, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle.
Ese memorando, aseguraron, violó flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y su funcionamiento, en alusión al artículo V que señala que después del 2000, solo la República de Panamá manejará la vía interoceánica y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio; para concluir: “Respetémonos para que nos respeten».
También advirtieron -como sucede ahora- que la complacencia podría salir muy cara si se tiene en cuenta que ni la invasión norteamericana de diciembre de 1989 logró impedir el desmantelamiento de todas las bases del país norteño y la salida total de sus tropas, para cometer la ingenuidad de comprometerse con un método fracasado e injustificable y activar la nueva presencia militar en Panamá.
Más recientemente la creación de tres bases llamadas binacionales con la vecina Colombia, en la selva del Darién, intenta justificar la presencia de los militares estadounidenses, pero no detiene el auge del flujo de migrantes irregulares.
Según dijo a la prensa extranjera el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, a la fecha 46 mil 415 migrantes transitaron por las estaciones de recepción en el Darién, en un flujo irregular que alcanzó un récord histórico en 2021 con el tránsito de 133 mil personas.
“El impacto hacia nuestras comunidades es mínimo debido al manejo que le damos. Hay articulación con organismos internacionales y estamos robusteciendo nuestros campamentos y también verificando a todo el que entra”, agregó el funcionario.
Este año, en comparación con el 2021, se duplicó el número de personas con casos pendientes en Estados Unidos y que fueron deportados de inmediato a su país de origen.
Hace poco la Unicef advirtió que la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzaron la inhóspita jungla se duplicó en lo que va de 2022. Desde enero, el número de menores de edad que utilizaron esa vía alcanzó la cifra de cinco mil, de acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas.
EL PAÍS MÁS VISITADO
Entrevistado por Prensa Latina, el periodista José Didimo recuerda que desde hace casi cuatro años, el Gobierno de Estados Unidos no mantiene a un embajador titular en Panamá.
El último jefe de su legación diplomática, apunta, fue John Feeley, quien asumió a mediados de febrero de 2016 en el mandato de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Luego de participar abiertamente en acciones contra las empresas de la familia del magnate Nidal Waked, que terminó en un grave fiasco y con el Estado panameño demandado, el embajador se retiró en 2018.
Hasta la fecha no hay embajador titular, a pesar de que la puertorriqueña Mary Carmen Aponte fue nominada hace más de seis meses por el gobierno de Joe Biden, precisa.
Didimo, director de la revista de análisis político El Periódico de Panamá, comenta que la Casa Blanca sustrajo abruptamente a su embajador en rara coincidencia, cuando el país decidió establecer nexos diplomáticos plenos con China a inicios de 2018.
Desde entonces atienden las relaciones, por parte de la embajada, cuatro funcionarios de tercera, en una clara demostración de menosprecio a la dignidad nacional o como castigo por la decisión soberana de la República de Panamá.
No obstante, a pesar de la no existencia de un titular, en los últimos tres años se vio un desfile de visitas de distintas autoridades norteamericanas de la Secretaría de Estado, de Seguridad, de Migración, de Comercio y otras esferas, señala Didimo.
El pasado 15 de abril, los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajaron a Panamá, para participar en una Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección que busca ejercer un mayor control geopolítico en el continente.
Blinken se reunió en varias ocasiones con la canciller panameña, Erika Mouynes, y declaró que el país centroamericano es un aliado distinguido de Estados Unidos, eslogan que repiten también por su parte las autoridades locales.
El comunicador resaltó que Panamá se ha convertido en un lugar donde se desplazan los altos funcionarios de Washington.
La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur, viajó al istmo 13 y 14 de junio. Durante el siglo pasado ese mando unificado se estableció en las márgenes del Canal de Panamá, bajo control norteamericano, donde tenían establecidas 14 bases militares y hace 22 años tiene su sede en la Florida.
Tras la fracasada IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, la presencia de la comandante Richardson, según Didimo, se convirtió en el corolario de anteriores conversaciones e intercambios.
Fue recibida por el presidente Cortizo en el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) y dialogó sobre seguridad fronteriza y migración irregular con el ministro de Seguridad, Juan Pino.
También intercambió con los directores del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Migración.
Lo que se puede colegir de todo este desfile es un inusitado acosamiento para ejercer un control sobre la política exterior de Panamá, y dados los resultados electorales recientemente en Colombia, poder mantener una presencia militar en el país, enfatizó el comunicador.
Todo lo anterior “a cuento de la seguridad del Canal o simplemente el problema de migración de miles de personas de otras naciones, incluyendo África y Asia que buscan desplazarse por territorio colombiano y la frontera que compartimos con destino final Estados Unidos”, subrayó.
Ni los tratados del Canal de Panamá, ni el Tratado de Neutralidad Permanente, habilitan en ningún sentido la posibilidad de la presencia militar extranjera en nuestro territorio, por lo cual dichas acciones confrontan las normas del derecho internacional, apuntó.
Las enmiendas unilaterales que Estados Unidos introdujo en el Tratado (Torrijos-Carter), del 7 de septiembre de 1977, no son reconocidas por el Derecho Internacional de Tratados, dado que constituyen un instrumento jurídico negociado entre las partes y no tiene valor la imposición que algunas de las partes unilateralmente lo pretenda.
SOMBRA DE LA INVASIÓN MILITAR EN 1989
El doctor Julio Yao, exasesor de política exterior del general Omar Torrijos, escribió varios artículos y libros que relacionan el constante interés de Estados Unidos por militarizar Panamá y recuperar la vía fluvial que une a los océanos Atlántico y Pacifico, estrategia más evidente hace 33 años, cuando la invasión militar a este país.
El 20 de diciembre de 1989, más de 20 mil soldados estadounidenses con artillería pesada de última generación tomaron por tierra y mar el territorio itsmeño, lo que derivó en la caída del general Manuel Noriega.
Revelaciones de un documento secreto de Estados Unidos confirmaron que el verdadero objetivo de la agresión era abolir los tratados del Canal, y para ello capturaron y derrocaron a Noriega.
En 2017, 28 años después, en el diario La Estrella Yao sacó a la luz documentos que avalaron cuál era el verdadero fin de aquella criminal ofensiva.
«Nuestro objetivo es desestabilizar el país sin arriesgar nuestra presencia e influencia allí, y al mismo tiempo tener una base legítima para abrogar los Tratados Torrijos-Carter», enfatizó el texto del Memorándum Secreto-Sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional, del 8 de abril de 1986.
El catedrático de origen chino apuntó que el gobierno de George Bush “padre” ejecutó la llamada Operación Causa Justa en la que utilizó 26 mil soldados. Durante la noche fue el ataque, y la ocupación en las calles y ministerios se extendió durante dos años.
En diálogo con Prensa Latina dijo que había recibido este y otros documentos en 1989, y los guardó con el fin de presentarlos junto a una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, lo mismo hizo con una entrevista vía correo realizada al general Noriega en 1993.
El también analista político y ayudante personal del excanciller Juan Antonio Tack probó que además de mantener el control sobre el Canal Interoceánico, Estados Unidos perseguía el objetivo de alejar a Japón de la posibilidad de trabajar en la ampliación del mismo, lo que negociaba el gobierno de Torrijos y lo continuó Noriega.
Este último explicó en una entrevista de 1993 que Japón hizo compromisos para los estudios del futuro Canal, buscando opciones convenientes, lo que se inició con la visita del presidente de la Cámara de Comercio nipona, Shigeo Nagano.
El entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) aseguró que Washington presionó para eliminar esos contactos, lo cual calificó de chantaje a los japoneses, a partir de los compromisos asumidos por estos en la postguerra.
Hasta el momento no se conocen reacciones estadounidenses que validen la autenticidad del Memorándum.
Estados Unidos intervino siete veces en Panamá desde 1856 hasta 1989. En el país centroamericano no se tienen claras las cifras de muertos causados por la Operación Causa Justa, pero según la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre de 1989, perdieron la vida más de cuatro mil personas.
arb/dfm/ga
