El programa, anunciado la víspera y en marcha desde este martes, prevé en una primera etapa que pacientes accedan a fármacos para tratar la hipertensión y uno para el colesterol, ausentes en establecimientos públicos lo encuentren en comercios privados afiliados al proyecto, con precios subsidiados por el Estado.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, alertó en declaraciones a la televisión nacional que los precios de los remedios que se adquieran por medio de Medicamentos Solidarios (MedicSol), en farmacias privadas, tendrán que estar muy por debajo del precio que pudiera estar en una compra regular.
Sucre agregó que, serían cotizaciones intermedias que tendrían que negociarse con el establecimiento si lo acepta o no, “pero la idea es que los negocios estén dispuestos a enfrentar el problema que existe en Panamá”, aclaró.
El funcionario admitió que no es la solución definitiva a la carencia y los precios de los medicamentos existentes y adelantó que en el momento de cambio de gobierno en 2024 puedan dejar una solución para el problema con cambios en las leyes o normativas.
La segunda fase de MedicSol, sin mayores precisiones, incluirá los medicamentos citados más antidiabéticos, mientras que una tercera sumará el paracetamol y el ibuprofeno, según el Ejecutivo.
José Didimo, de la revista de análisis político El Periódico de Panamá, comentó que el plan entraña una especulación perversa que atenta contra la salud de los connacionales.
Según el comunicador, en medio de un profunda confusión y pérdida de valores que lleva a los panameños a llamar bueno a lo malo y tener a lo agrio por dulce, se generan antivalores como la avaricia.
En ese sentido explicó que las empresas locales dedicadas al comercio de los fármacos no producen ningún medicamento, ni tienen laboratorio de investigación científica, pero son intermediarios y representantes exclusivos de las grandes firmas, que le incorporan al elevado precio de sus productos elevadas.
Estadísticas oficiales señalan que en Panamá, respecto a España y muchos países de la comunidad europea, puede haber una diferencia del precio al público en el mismo medicamento, las mismas concentraciones y el mismo laboratorio de hasta 400 por ciento en perjuicio de los locales.
Entre la CSS y el Ministerio de Salud, anualmente el Estado compra casi 500 millones de dólares en medicamentos, y una suma similar es consumida por los panameños en el sector privado.
Al respecto los movimientos populares han requerido también que la CSS y la cartera de Salud consoliden una sola compra y la hagan directamente a los grandes laboratorios de manera transparente, y que sea Naciones Unidas como en otros países la que viabilice la operación para que no manipulen más a la población menos favorecida.
En el nuevo programa del Gobierno (MedicSol), las personas pueden ir a farmacias privadas y comprar las medicinas a precios estratosféricos que terminará pagando el Estado y la CSS, lo cual constituye una abdicación ante los delincuentes y un escandaloso premio a la inhumanidad, sentenció el articulista.
Recordó, además, que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, hace tres años, se comprometió en campaña en acabar con la mafia de las medicinas, porque era notorio el negociado cruel que desarrollan contra el pueblo.
Panamá tiene 610 medicamentos básicos, y hay un desabastecimiento de 130 de ellos en la CSS desde el pasado marzo, según informes gubernamentales.
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