La entidad dispuso que el exgobernante y fundador del partido Realizando Metas(RM), pendiente aquí de varios procesos penales por blanqueo de capitales, entre otros delitos, entregue información sobre los documentos contables que incluyen registros diarios y mayor general entre 2018-2022.
También deberá fundamentar diversos contratos por servicios prestados, facturas respectivas y detallar otros ingresos recibidos.
En un documento de la DGI, suscrito por su titular, Publio De Gracia, se precisa que en esa diligencia exhibitoria Martinelli debe entregar copias cotejadas de la información almacenada en dispositivos electrónicos y todo lo que requiera el desarrollo de la auditoría.
Además, debe mostrar las comisiones sobre operación interior y exterior con sus documentos sustentadores dentro del mismo período, y también los ingresos por honorarios profesionales.
Los documentos igual deben incluir compras locales, importaciones, con sus respectivas liquidaciones de aduana, detalle de los activos, pasivos y cuadro de depreciación, entre otros requerimientos.
Asimismo el multimillonario estará obligado a dar acceso a sus sistemas computarizados de datos, como el almacenamiento de información electrónica, digital o magnética relacionada con las actividades de las empresas que dirige.
Tras la solicitud, Martinelli indicó en su cuenta en la red social Twitter que, como en ocasiones anteriores, se trata de una persecución política que impugnará.
“Yo tengo todo en orden y hace más de 40 años que genero miles de plazas de trabajo”, acotó al responsalizar al Gobierno de lo que considera un acoso.
Afirmó de otra parte que la solicitud buscaría impedir que participe como candidato en los comicios presidenciales de 2024.
Desde el pasado 5 de junio un fuero penal electoral favorece al exmandatario y lo libera de la audiencia sobre el caso de sobornos a la constructora brasileña Odebrechet.
De acuerdo con el Tribunal Electoral, el líder de RM estaría celebrando comicios internos en fecha que coincide con la vista en la que también imputan a sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, condenados a prisión en Estados Unidos por el mismo delito.
El congreso extraordinario de la organización política, con el objetivo de escoger autoridades para cargos vacantes, tendrá lugar el 24 de julio próximo, seis días después de la audiencia (18 de julio-5 de agosto), a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.
En este caso hay 62 personas imputadas por lavado de dinero, uno de los juicios más importantes en Panamá en materia de corrupción, según analistas.
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