En una entrevista radial, Landa, destacado jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, comentó sobre el informe de la comisión de mayoría opositora, que “la tarea de fiscalizar no puede hacerse abusando del derecho, como dice la Constitución”.
El informe acusa al presidente y a elementos de su entorno investigados por presunta corrupción y varios de ellos prófugos, de actuar concertadamente para manejar licitaciones de obras públicas favoreciendo a determinadas empresas.
Considera probado que han cometido así los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, aunque reconoce que el Ministerio Público tiene esos cargos en investigación.
También acusa a Castillo y su exministro de Transportes, Juan Silva, de infracción constitucional, lo que está en controversia, pero da pie a que el Congreso de la República lo suspenda temporalmente o inhabilite hasta por 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
“Si fuera un proceso judicial sería invalidado, pero como es un proceso político, que no tiene reglas de derecho, sino de oportunidad política y de opciones ideológicas, se puede decir que es una investigación, una fiscalización y una acusación de parte”, expresó Landa.
Dijo también que el presidente de la comisión investigadora, Héctor Ventura, de un bloque parlamentario de extrema derecha, adelantó opinión al afirmar que está probada la culpa de Castillo
Agregó que de tratarse de un proceso judicial, tal hecho causaría su invalidez, pero, en este caso es un proceso político en el que ha habido una interpretación bastante amplia de la Constitución.
De otro lado, consideró válido un proyecto de ley gubernamental que pena con prisión a quienes desde el sistema de justicia o las partes de un juicio, filtren para su difusión información sobre la fase reservada de las investigaciones de la fiscalía.
El proyecto ha sido rechazado por los medios de prensa, en su mayoría duros opositores del gobierno de Castillo, que lo consideran atentatorio contra la libertad de prensa y expresión, pero Landa indicó que la norma no afecta a los periodistas ni pretende exigirles que revelen sus fuentes de información.
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