El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito escucha este miércoles los argumentos sobre la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) suspendido hace un año.
La audiencia responderá a la apelación del Gobierno del presidente Joe Biden tras el fallo del juez federal Andrew Hanen, quien en julio de 2021 se puso de parte de un grupo de estados republicanos liderados por Texas a favor del fin del programa.
Aunque el magistrado declaró ilegal el DACA, aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella.
Ese plan se instituyó en 2012, después de que el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) chocara contra un muro en sus intentos legislativos por realizar una reforma migratoria que hasta el momento no se ha hecho realidad.
La normativa se encuentra en peligro 10 años después de su implementación debido a las acciones judiciales y la parálisis política, por lo cual los beneficiarios, conocidos como “dreamers” (soñadores), se encuentran en riesgo de volver a caer en el estado de indocumentados.
Alrededor de 250 mil niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre inscrito en DACA, y alrededor de 1,5 millones de personas aquí viven con un beneficiario del programa.
Expertos legales defienden que ellos mantengan la posibilidad de trabajar legalmente, acceso a atención médica y paguen impuestos como forma de reducir la carga financiera de los estados para brindar educación y servicios de salud a los inmigrantes.
Los estudios realizados por el Departamento de Seguridad Nacional muestran que los soñadores y sus hogares aportan cinco mil 600 millones de dólares en aranceles federales.
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