Varios viajeros varados poco más de 12 horas en la carretera intentaron reabrir la avenida enfrentándose con quienes desde el viernes último iniciaron estos cierres para denunciar el alza de los combustibles y los precios de la canasta básica familiar, sin que mediara la Policía nacional.
La víspera grupos originarios decretaron un paro indefinido sobre esa arteria en las localidades de Tolé, San Félix, Ojo de Agua, Viguí, Salado, Escodú y San Juan, entre otras.
La huelga se suma a otras en diversas regiones del istmo hasta que el Gobierno de respuesta a varios reclamos, entre ellos empleo digno, aumento general del salario y acceso equitativo a los medicamentos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc llamó a los pueblos autóctonos para que reabran la vía Interamericana y dijo que, con esas medidas, miles de viajeros, transportistas, la cadena de alimentos y carros de emergencia se ven afectados.
Mientras, la empresa privada ha solicitado un pronunciamiento de parte del Ejecutivo, ya que los cierres también afectan la economía del país.
De otra parte, un pegajoso estribillo de los movimientos populares sobre el descontento social creciente en el país se hizo viral en las redes: “Así le decía Crispiano a Bolota: échate los tragos que el pueblo no lo nota”.
La frase salió la víspera de una protesta de educadores contra el alto costo de la vida frente a la Asamblea Nacional (Parlamento) cuando los manifestantes comenzaron a vitorearla acompañados de tamboritos y bailes en alusión a un brindis organizado tras reelegirse Crispiano Adames como titular del Legislativo, el pasado 1 de julio.
El coro devino peculiar manera de denuncia de la llamada “Fiesta del Macallan”, que realizaron los diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD), en la que brindaron con whisky Macallan, de casi 400 dólares la botella.
Para los maestros, el banquete es otra expresión de la indignación existente ya por los incrementos de las nóminas y plantillas en el Legislativo que suman unos 26 mil 684 funcionarios que cuestan 399,8 millones de dólares al año.
A ello añaden los costosos viajes de diputados y funcionarios como algunas de las causas del detonante de las masivas protestas tanto en la capital como en las provincias.
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