No existe otro apelativo para catalogar lo expuesto por el Ministerio Público en el expediente acusatorio que consta de 12 mil 275 páginas e involucra a 63 implicados, con Rodríguez a la cabeza.
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, apoderado para llevar el caso, tiene por delante una ardua tarea, primero, para determinar en vista preliminar si envía a los implicados a juicio de fondo o emite un auto de no ha lugar.
Después, en caso que decida pasar a juicio de fondo, como es de esperar, llevar a cabo todo el proceso penal para definir la veracidad o no en todo este entramado de corrupción presentado por la Fiscalía.
Entre los acusados existen 41 personas y 22 empresas involucradas, además de Rodríguez, eje central del proceso, están implicados Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Altagracia Guillén, Jenny Marte, Javier Forteza, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya, y Lisandro Macarrulla (hijo del ministro de la Presidencia).
Mientras entre las empresas figuran Dio SRL, Lirtec SRL, Jurinvest Abogados SRL, Espacio Arquitectura SRL, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Mac Construcciones, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, e Inversiones Swaziland EIRl.
De acuerdo con la Fiscalía, el engranaje de maniobras fraudulentas armado y dirigido por el exprocurador fue tal que llegó hasta el punto de mover millones de pesos para un proyecto presidencial a partir de 2020.
El expediente señaló que el acusado contrató a la asesora del expresidente de México Enrique Peña, la legisladora Alejandra Lagunes, como encargada del mencionado programa pagándole dos millones de dólares en efectivo.
Asimismo, tenía un equipo de bots que se dedicaba a vigilar, hostigar, perseguir y atacar a periodistas e influencer a quienes consideraba detractores, tales son los casos de Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlos, Lucienne Carlos, Huchi Lora, Laura Díaz, Daury Santana, Ricardo Nieves y Juan Bolívar Díaz.
Sin embargo, eso es solo una muestra, el legajo recoge un rosario de actos delicitivos, los cuales, de probarse su veracidad, pueden dar pie a una telenovela.
Rodríguez y su tropa presuntamente concertaron esfuerzos en la Procuraduría General para estafar al Estado, efectuaron “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador, usando para ello vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros.
En consecuencia, el principal imputado se asoció con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos.
Sin dejar de mencionar que está acusado de falsificar su declaración de patrimonio, hacer licitaciones fraudulentas para suplir de alimentos las cárceles y estableció en las concurrencias de obras un 20 por ciento de comisión para sus bolsillos.
La verdad es que de ser cierta la acusación, es de tal envergadura que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, calificó el caso como el más grande de corrupción del país.
Explicó que contiene más tres mil 500 pruebas e incluye 400 testigos.
“Hemos depositado una acusación sin precedente en la República Dominicana, ni en toda la región, ya que el entramado manejó miles de millones en sobornos”, agregó.
También existe gran expectación por ver los vínculos de Rodríguez con el expresidente Danilo Medina, sin embargo, en el documento presentado al Tribunal, aunque el exmandatario es mencionado en 26 ocasiones, no recae sobre él acusación alguna, pero le pican cerca.
Estamos en presencia de un proceso legal que recién comenzó, su desarrollo promete mucho, y ya dio sus primeros destellos cuando a unas horas de entregado a los tribunales, el ministro de la Presidencia, Lisando Macarrulla, pidió licencia tras la mención de su hijo en el expediente acusatorio.
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